CIUDAD DEL ESTE. AGENCIA REGIONAL.
“El MEC nunca autorizó el llamado de Ciudad del Este, hubo cambio de ministros, aun así no lo aprobaban y, Miguel Prieto, siendo intendente de la oposición, sin la autorización del MEC llega a enviar a la Junta Municipal para pedido de autorización del llamado a licitación, se iba a pegar el grito al cielo y se iba a decir que es ilegal”, fue la respuesta del jefe comunal de Ciudad del Este sobre las denuncias en cuanto a la irregularidad en el uso de la vía de la excepción para la provisión de la merienda escolar y no una licitación nacional, tal como denuncia la Contraloría Ciudadanía.
“Nosotros corremos con dificultades todo el tiempo, nos ponen palo a la rueda, no estamos llorando por eso, porque aun así considero que tenemos un gobierno que hace cosas que ninguno logró. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué envíe a la Junta Municipal sin autorización del MEC, para que me vaya preso?”, agregó Miguel Prieto. Insistido por La Nación sobre la poca transparencia que implica recurrir a la vía de la excepción tratándose de un monto millonario, el intendente dijo que decidieron usar la vía de la excepción para entregar lo más rápidamente posible la merienda, ante las trabas que pone el Ministerio de Educación.
Acto seguido acusó a los miembros de la Contraloría Ciudadana de ser “pagados” para cuestionar su administración. “Gente que nos acusa de un proceso viciado por querer entregar esa merienda escolar no tiene en cuenta que son asesores de municipios que pagan mucho más caro que nosotros. Estamos ahorrando millones en almuerzo escolar, si eso es bandidaje, sí soy un bandido, porque estamos ahorrando en el precio del almuerzo escolar, eso no tienen en cuenta porque se les paga para que digan otra cosa”, manifestó Prieto.
Cuando habla de “asesores de municipios”, se refiere a la Lic. Magdalena Montiel, asesora de los distritos de Naranjal, Presidente Franco e Itakyry y ex asesora de Prieto. Es una de las dirigentes de Contraloría Ciudadana y actual candidata a concejala por Patria Querida.
La Contraloría Ciudadana denunció también el uso ilegal de la vía de excepción para la construcción de pavimento para la costanera del Lago Acaray, la muy baja inversión en concepto de los ingresos por impuesto inmobiliario y varios otros hechos. El organismo realizó un estudio de los documentos y en base al resultado dieron a conocer un informe que también se hizo llegar a la intendencia municipal. El Ejecutivo Municipal respondió las acusaciones en conferencia de prensa e invitó a la Contraloría a la misma, que la organización no aceptó.