El juicio oral y público por la utilización de bombas molotov en el interior del Congreso Nacional y que tiene como acusados al dirigente liberal efrainista Stiben Patrón, a Luis Osvaldo Sánchez, chofer de Efraín Alegre, y Brian Martínez fue pospuesto para el próximo 4 de junio. El motivo de la postergación fue debido a que la abogada Liliana Boccia, defensora del acusado, viajó al Uruguay para vacunarse. La medida fue dispuesta por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Elsa García, Olga Ruiz y Digno Arnaldo Fleitas, a petición del acusado Patrón.
SUFICIENTES ELEMENTOS
El Ministerio Público sostiene que cuenta con suficientes elementos para llegar a una condena contra los acusados. En el juicio se debatirán las pruebas que ofrecerá la Fiscalía, así como la defensa de los acusados. Tras los violentos hechos ocurridos en la noche del 31 de marzo del 2017 (31M), el Ministerio Público identificó a Stiben Patrón como uno de los perturbadores que ingresaron con violencia a las instalaciones del Congreso Nacional, parte del cual posteriormente fue incendiada.
Según los datos de la Fiscalía, los jóvenes inculpados habrían elaborado y portado las bombas incendiarias, según reveló la pericia técnica. La investigación se inició en abril del 2017 tras el análisis técnico de las cámaras de circuito cerrado de la sede del PLRA.
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Reportan amenaza de bomba en el Silvio Pettirossi
En la tarde de este domingo se reportó una aparente amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Según las informaciones preliminares, un pasajero habría declarado llevar una bomba en su equipaje de mano.
Rápidamente se activaron los protocolos de seguridad y fueron convocados al lugar agentes antiexplosivos para confirmar la existencia de dicho dispositivo y en caso de que sea así, lograr neutralizarlo. El vuelo que iba a abordar este pasajero se dirigía a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Hasta el momento, agentes de seguridad aeroportuaria se encuentran trabajando en la evacuación de los 157 pasajeros, además de los 6 tripulantes, quienes siguen dentro aguardando las instrucciones de seguridad. En tanto, el hombre que declaró tener la bomba en su poder ya ha sido puesto bajo custodia.
Hay que destacar que el avión ya se encuentra en la zona de precaución donde son colocadas las aeronaves con desperfectos mecánicos o inconvenientes de seguridad, esto precautelando también la seguridad de las demás personas que se encuentran en la terminal aérea. Así también empleados del aeropuerto ya están bajando los equipajes que se encontraban en la zona de carga de manera a que el cateo sea realizado con mayor eficiencia.
Este no es el primer episodio de alerta de bomba por el que atraviesa el aeropuerto internacional ubicado en Luque; sin embargo, es la primera vez que el supuesto portador de la bomba lo declara, motivo por el cual se está manejando el caso con suma cautela, atendiendo que no se conoce las intenciones de este sujeto ni si cuenta o no con antecedentes que respalden su actuar.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Roa: fiscal acusa y pide juicio oral
En el transcurso de la mañana de ayer jueves, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó y pidió juicio oral y público para el exministro de la Secretaría Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.
Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exautoridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.
El requerimiento fue presentado ante el juzgado del magistrado Rodrigo Estigarribia, que fijará la audiencia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licitaciones e inflaban los precios para posteriormente repartirse el dinero entre ambos. A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concretar pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.
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Imedic: juicio oral sigue este viernes con declaración de testigos
Este viernes prosigue el juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enjuiciada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Para la tercera jornada de la audiencia oral, se tiene previsto que declaren cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. Hasta el momento ya declararon dos testigos en el juicio oral.
El Tribunal de Sentencia que juzga este caso está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
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Además de Ferreira, también están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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