- Por Rossana Escobar
- Editora de Investigación
La Resolución Nº 1929, aprobada en medio de fuertes críticas el jueves último en el Senado de la Nación para que la Contraloría General de la República audite los fondos sociales de las entidades binacionales, con el fin de conocer el destino final de los mismos, reconfirma los turbios manejos de millonarios gastos, el secretismo administrativo en detrimento de la vigente Ley de Transparencia, razón por la que fueron sentenciados en lo judicial Yacyretá y su titular, Nicanor Duarte Frutos, principal responsable de negar información pública.
La decisión política del Senado deja totalmente carente de argumentos a Duarte Frutos para seguir pisoteando leyes y ridiculiza la serie de versiones (mentiras) que venía utilizando en los últimos 6 meses, ensayando todo tipo de publicidad y mensajes institucionales virales haciendo pasar estadísticas por rendición de cuentas, burlando la provisión de información pública detallada de los gastos que fuera ratificada en sentencia judicial.
La Contraloría reaccionó en menos de 24 horas al pedido del Congreso, está confirmando el equipo de trabajo y en la semana un grupo de auditores arribará buscando papeles en las binacionales. La gestión del ente de control derriba otra falacia por parte del director de Yacyretá, quien meses atrás buscaba despistar para no entregar datos, alegando que “todos los documentos están en la Contraloría”.
La solicitud del periodista de investigación Jhojhanni Vega sobre gastos en publicidad y rendición de cuentas de transferencias sociales, que luego pasó a instancias judiciales, detona una auditoría por parte de la Contraloría. En su alocución, el senador Blas Llano, uno de los proyectistas, se valió de la lucha del comunicador como de los tiempos que se viven y las exigencias de una ciudadanía que ya no tolera el secretismo.
Las facturas, autofacturas, recibos, copias de contratos, nómina con número de cédula de beneficiarios, de los responsables que recibieron dinero saldrán a la luz. Estos detalles de gastos tanto blindó Duarte Frutos al punto de someter a la binacional a una denuncia por incumplimiento de la Ley de Transparencia, ya que estos mismos informes fueron gestionados por el periodista del Grupo Nación. La provisión de datos por parte de Itaipú al mismo solicitante sin ningún tipo de barreras sumergió aún más en lo turbio al jefe de Yacyretá.
Funcionarios como el director de Yacyretá, de oscuros antecedentes, son los que llevan al Estado de contramano a los derechos e intereses de la ciudadanía, valiéndose de un estatus al que parecieran temer jueces y fiscales. Si así no fuera, Duarte Frutos hubiera cumplido a rajatabla la disposición de la jueza Alice González Delorenzi, quien didácticamente le había ordenado remitir la información requerida vía Ley de Transparencia.
González le ordenó el pasado 11 de marzo a Yacyretá, es decir a Duarte Frutos y colaboradores, que provea toda la información solicitada por el periodista del Grupo Nación en un plazo de 10 días. Pasó un mes y medio, pero no se cumplió la orden judicial. La binacional se ocupó en subir datos estadísticos, por cierto en su mayoría alterados e imprecisos, según tuvo que reconocer la coordinadora general Social de la EBY, Noelia Núñez, cuando nuestro equipo no encontró algunos pozos en los lugares donde debían ser construidos en alianza con la Essap.
Los abogados del equipo de investigación del Grupo Nación ya denunciaron el desacato judicial, acercaron todas las evidencias del incumplimiento, un acta notarial acompañada de 750 hojas entre las que figuran centenares de publicaciones periodísticas sobre el manejo irregular del director de Yacyretá. La Contraloría también acompañó con un informe en el cual se deja constancia de los documentos que contiene una rendición de cuentas, tampoco proveídos por la binacional.
Existen demasiadas pruebas, desde dictámenes oficiales hasta los derroches y repartijas del dinero de la binacional sacados a la luz. Los jueces cuentan con suficientes evidencias de cómo bastardearon las respuestas y la provisión de información para aplicar lo estipulado en el Código Penal y sancionar con pena privativa de libertad el desacato judicial.