En conferencia de prensa, la Contraloría Ciudadana presentó un análisis de la administración municipal de Miguel Prieto, donde se consigna un bajo uso de los recursos provenientes del cobro por impuesto inmobiliario y la posible comisión de malversación de fondos al destinar el resto del ingreso a otros rubros que no sean gastos de capital, según ley.
“Del análisis sobre el nivel de cumplimiento a lo establecido en el artículo 179 de la Ley Nº 5513715, se observa que de los G. 15.381.663.921 que debieron aplicarse a Gastos de Capital, solo se utilizaron G. 7.708.144.276.- que representa el 50,11%, y el monto que habría sido asignado a otros gastos suman G. 7.673.519.645”, es lo que indica el informe de la Contraloría Ciudadana.
El incumplimiento de la Ley Orgánica Municipal implica mal desempeño de funciones, de acuerdo al informe firmado por el licenciado Julio López y Óscar Delvalle, coordinador y secretario respectivamente de Contraloría Ciudadana.
Señalaron que el no uso de los recursos para los fines asignados por ley hace que por ejemplo existan todavía barrios como San Blas, con calles de tierra. El informe analizado es la ejecución presupuestaria del ejercicio 2020.
“Otro agravante de la conducta violatoria del intendente municipal, reviste las características de una ilicitud penal conocida como malversación, consistente en la acción de usar indebidamente dinero o bienes ajenos o del Estado, en cosas diferentes a los que iba destinado su uso, provocando un perjuicio patrimonial, tipificado en el Artículo 192 del Código Penal, como lesión de confianza”, manifestaron los integrantes de la Contraloría Ciudadana.
Confirmaron que esta situación amerita la formulación de una denuncia ante el Ministerio Público. El coordinador de Contraloría Ciudadanía, Julio López, dijo a La Nación que con este informe la Contraloría General de la República puede enviar un equipo de auditores a la Municipalidad de Ciudad del Este para verificar los datos.