El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, defi­nirá esta semana si promulga o veta la ley de uso de recursos de binacionales para salud. De acuerdo con fuentes de la Presidencia, el mandata­rio dará a conocer su deci­sión mañana martes 27. Las redes sociales y los medios de comunicación arden con el debate sobre el uso de estos fondos socioambientales de las binacionales para com­pras de insumos sanitarios para hacer frente al covid-19.

Mario Abdo, como Presi­dente, tiene la prerrogativa de promulgar o vetar la ley apro­bada en el Congreso Nacio­nal que habilita el redirec­cionamiento temporal de los recursos financieros no com­prometidos de las hidroeléc­tricas binacionales Itaipú y Yacyretá. La polémica se incrementa con la puesta en marcha de nuevas restriccio­nes que también han gene­rado gran inquietud en los sectores afectados.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, respecto al rumor de que el Presidente vetaría la ley, éste considera que Mario Abdo promul­gará la normativa transito­ria. Sin embargo, el canciller dejó claro lo que califica de “daños colaterales” de la ley. “Aquí hay que explicar bien los daños colaterales para el Anexo C mismo, Becal, desa­rrollo agrícola, entre otros”, y dijo que hay que reglamen­tar correctamente la norma­tiva porque la palabra salud es muy “genérica” cuando se habla de que lo urgente está por encima de todo.

“Yo creo que el Presidente no va a vetar, pero sí probable­mente va a pedir una regla­mentación de los límites del uso. La información que tengo es que no va a vetar”, expresó Acevedo, al reiterársele la consulta acerca del porqué de la demora en la definición de la normativa. Cabe men­cionar que el Presidente tiene 6 días de plazo legal para pro­nunciarse respecto a la ley. En ese sentido, el mandatorio había anticipado que se toma­ría el tiempo para analizarla. Asimismo, requirió los dictá­menes de Hacienda y Salud para poder sustentarla.

La Itaipú Binacional hizo pública la postura de la hidroeléctrica en relación con la ley sancionada por el Congreso, sobre el uso de los fondos socioambientales de la entidad, y asegura que esta normativa pone en riesgo los programas sociales financia­dos por la Itaipú.

El ex titular de Itaipú (2008-2010) Carlos Mateo Balmelli manifestó que la utilización de los fondos sociales de las binacionales para enfren­tar la crisis sanitaria por el covid-19 es totalmente legí­tima y legal. Agregó que el paso correcto para disponer de los mismos tendrá que ser vía transferencia presupues­taria, de acuerdo a su expe­riencia, con el fin de superar el filtro constitucional.

El pasado jueves 22, desde Puente Kyha, el presidente Abdo agradeció a los dipu­tados por haber recordado su posición y la del Gobierno Nacional de que todos los fondos de ambas binaciona­les estén al servicio de la salud pública. Esto específicamente tras la sanción del Congreso. Sin embargo, inmediatamente dijo que no es un problema de dinero. Desde el Palacio de López indicaron a los medios de comunicación que el Eje­cutivo no quiere dejar el pre­cedente de que con una ley interna se modifique parte de un tratado internacional.

La Itaipú Binacional hizo pública la postura de la hidroeléctrica con relación a ley sancionada por el Congreso, sobre el uso de los fondos socioambientales de la entidad, y aseguran que esta normativa pone en riesgo los programas sociales financiados por Itaipú. En ese sentido, el titular de entidad, Manuel María Cáceres, planteó no perder de vista el aspecto de la binaciona­lidad.

“Esta situación puede sacarnos legitimidad a la hora de defen­der nuestros argumentos”, alertó con respecto a la ley que se encuentra en el despacho del presidente Mario Abdo Benítez para su promulgación o veto.

Desde la entidad sostienen que la ley sancionada por el Con­greso y que destina los recursos de responsabilidad social empresarial socioambiental y cualquier otro fondo social para su uso íntegro en el área de la salud mientras dure la pande­mia,pone en riesgo numerosos programas sociales financiados por la binacional. Aclaró que la entidad no está ajena a la situa­ción crítica por la que atraviesa el sistema de salud y el estado de urgencia ocasionado por la pandemia a nivel mundial, sin embargo, indicó que esta ley afectará a un listado importante de programas y obras de carácter social que se llevan adelante en todo el país.