El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, lideró ayer la reunión del Consejo de Seguridad en Palacio de Gobierno, de la que también participaron el titular de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel; la fiscala gene­ral del Estado, Sandra Quiñó­nez; el secretario general de la Presidencia, Hernán Hut­temann, entre otros miem­bros del gabinete. La minis­tra de Justicia, Cecilia Pérez, ofició de vocera y comentó que se evaluó la utilización de los grilletes electrónicos aplicables en una primera etapa para los casos de vio­lencia familiar y luego se irían implementando para otros tipos de hechos.

Explicó que el dispositivo ser­virá para controlar la movi­lidad y el cumplimiento de medidas impuestas a la per­sona procesada por un delito. “En vez de mandarle presa a la persona se le da medidas alternativas y se controla. En el caso de violencia, que sí tiene prohibición de acer­carse a la víctima, no incum­pla esa prohibición porque la prohibición de acercarse se hace en un radio determi­nado y eso la tecnología va a determinar”, mencionó.

Pérez dijo que ante una even­tual violación de ese perí­metro, automáticamente se activa una alarma, con lo que interviene la Policía Nacio­nal. El mecanismo consiste en la instalación de pulseras y/o tobilleras electrónicas y otros dispositivos que se colo­can en el cuerpo del impu­tado. El tipo a ser aplicado para cada caso a fin de moni­torear la ubicación de la per­sona permanentemente será determinado por el Minis­terio del Interior, conforme indicó la ministra.

No se tienen estimaciones del número de potenciales usua­rios de los aparatos electró­nicos, puesto que el uso está supeditado a la interpreta­ción del juez interviniente en cada expediente. La Corte Suprema de Justicia deter­minó dos juzgados, dentro del plan piloto que arrancará en breve, a fin de definir quiénes reúnen los requisitos estable­cidos en la ley para portar el dispositivo.