La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley “que crea el fondo nacional de cobertura a pacientes con covid-19”, más conocido como “Covid gasto cero”; la iniciativa pasa ahora a la Cámara de Senadores. Uno de los proyectistas, el diputado Raúl Latorre, aclaró que esta normativa no se contrapone con el proyecto que también ayer fue aprobado por la Cámara Alta, sino que se complementan.
Ante el plenario argumentó que el proyecto busca otorgar una mejor calidad en el sistema de salud a los pacientes con covid-19 y de sus familiares que buscan desesperadamente insumos y medicamentos. “Somos conscientes del difícil momento que están pasando algunos compatriotas por la falta de insumos y medicamentos. No podemos dejar que nuestros compatriotas sigan acudiendo a la farmacia y que cuando no haya medicamentos vendan o empeñen lo poco que tienen”, expresó.
En cuanto, a la similitud de las iniciativas aprobadas casi en simultáneo, Latorre aclaró que son proyectos complementarios, teniendo en cuenta que la propuesta de los senadores apunta a la medicina de alta complejidad, sobre todo la referida a terapia intensiva; mientras que “Covid gasto cero” hace énfasis en el soporte de medicamentos para pacientes con covid. “Tienen una lógica de complementariedad ambos proyectos. De ninguna manera se contraponen”, aclaró.
El documento que fue remitido a la Cámara de Senadores pretende dar cobertura total de medicamentos, insumos y estudios de diagnóstico a todas las personas internadas por covid-19 en centros asistenciales dependientes del Ministerio de Salud, IPS, Clínicas y hospitales de gestión privada.
OPOSICIÓN AL PROYECTO
Durante el debate que se llevó por varias horas, varios diputados se opusieron a esta iniciativa, argumentando que no se cuenta con una fuente de financiamiento concreta. Finalmente, se planteó y aprobó incluir el uso de los fondos sociales de las binacionales, Itaipú y Yacyretá.
Para determinar la forma de financiación, se utilizó el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, el cual determina el redireccionamiento de los recursos destinados a Obras Públicas en el marco de la Ley 6669/20, de recuperación económica por los efectos de la pandemia; legados, aportes y donaciones; saldo de recortes de gastos superfluos y algunas reasignaciones del Presupuesto General de la Nación vigente. Además de la inclusión de los fondos sociales de las binacionales, durante la vigencia de la emergencia sanitaria por covid-19.