El juez de Delitos Económi­cos Humberto Otazú tiene vía libre para poder fijar la fecha de la audiencia preli­minar para Justo Ferreira su hija Patricia Ferreira acusa­dos por contrabando, asocia­ción criminal y producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia en el 2020 debido a que el Tribu­nal de Apelación no hizo lugar a la aclaratoria presentada por la defensa de los acusados.

Los camaristas Gustavo San­tander, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín firma­ron la resolución donde se destrabó el presente caso y el juez Otazú tiene vía libre para poder fijar la audiencia preliminar donde se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.

Actualmente, Justo Ferreira y su hija Patricia gozan del arresto domiciliario que fue otorgado por el juez Mirko Valinotti. Anteriormente la audiencia preliminar se suspen­dió debido a que los abogados de los dos acusados presentaron chicanas para evitar la realiza­ción de la citada diligencia judi­cial. Además de Ferreira y su hija, fueron acusados el adua­nero Carlos Alberto Gamarra y los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, por presunta complicidad. Igualmente, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de Lauri Marcio Pool y Mario Joel Olmedo.

La causa guarda relación con la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctri­cas, que no contaban con la autorización técnica de la Dirección Nacional de Vigi­lancia Sanitaria.

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