El Jurado de Enjuicia­miento de Magistra­dos (JEM) resolvió enjuiciar por mal desem­peños en sus funciones al agente fiscal Osmar Legal quien imputó por contra­bando y otros hechos puni­bles al accionista de la firma Imedic SA Justo Ferreira, a su hija Patricia y otras per­sonas más.

Los integrantes del JEM indicaron que hubo un llamativo cambio de postura del fiscal en vista a que en la audiencia de imposición de medidas se ratificó en el pedido de prisión, pero cuando el juez otorgó otra medida, el representante del Ministerio Público no apeló la resolución de primera instancia por lo que hubo cambio de criterio.

Los miembros del JEM que votaron por el enjuiciamiento son el diputado Eusebio Alvarenga, el ministro de Corte Manuel Ramírez Candia, Jorge Bogarín, Hermelinda Alvarenga. Mientras que los demás integrantes Fernando Silva Facetti, Mónica Seifart y Gladys Bareiro de Módica votaron por el archivo de la denuncia. Asimismo, el JEM absolvió al juez penal de Garantías Mirko Valinotti.

El pasado 10 de marzo por chicanas presentadas por Justo Ferreira y su hija Patricia, propietarios de la firma Imedic y procesados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia en el 2020, se suspendió la audiencia preliminar, en la que se tenía que definir si los mismos enfrentarían un juicio oral y público. La defensa del padre e hija presentó una apelación general contra la determinación adoptada por el juez Humberto Otazú, quien fijó para esta mañana la diligencia judicial. La Cámara de Apelaciones deberá destrabar el proceso penal y en caso de ser así, el citado magistrado deberá volver a fijar una nueva fecha para que se pueda desarrollar la audiencia y si los procesados irán al banquillo de los acusados.

ACUSACIÓN

Además de Ferreira y su hija, fueron acusados el aduanero Carlos Alberto Gamarra y los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, por presunta complicidad. Igualmente, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de Lauri Marcio Pool y Mario Joel Olmedo.

La causa guarda relación con la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas, que no contaban con la autorización técnica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

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