La transgresión a la Ley de Acceso a la Información Pública en la que incurrió la EBY y su director, Nicanor Duarte Frutos, llevó hasta los tribunales de Justicia el pedido de periodistas del diario La Nación de facilitar informa­ción sobre gastos en publici­dad y ayuda social que realizó la binacional durante los últi­mos dos años es duramente cuestionada.

El Dr. Raúl Prono, quien actuó en representación de los pedi­dos realizados por el perio­dista de investigación Jho­jhanni Vega Fiorini, explicó que el mismo pedido fue rea­lizado a la Itaipú Binacional y que esta entidad sí entregó en una semana todo lo solicitado sin ningún contratiempo. “La Ley de Acceso a la Información

Pública viene de una reglamen­tación constitucional, donde se consagra la libertad de todo ciudadano del libre acceso a la información pública y fuentes públicas y en esta última están definidas las entidades bina­cionales”, explicó Prono.

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Sostuvo además que no existe ninguna información compro­metedora entre lo solicitado por los periodistas. “Se trata de gastos, rendiciones o impor­tes, pero como no hubo manera de conseguir esto de forma directa con la EBY, se presentó un amparo”, añadió. “Luego de que se presenten todos los informes, la jueza seguramente va a estar dictando su resolu­ción en primera instancia, de si hay o no un trámite previo que debe realizarse para que la información solicitada sea entregada”, mencionó Prono y agregó que “resulta llama­tivo que Duarte Frutos, como director paraguayo de la EBY, haya cumplido entregando a la Contraloría todos los pedidos de informes que corresponden a gobiernos anteriores”.

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