La transgresión a la Ley de Acceso a la Información Pública en la que incurrió la EBY y su director, Nicanor Duarte Frutos, llevó hasta los tribunales de Justicia el pedido de periodistas del diario La Nación de facilitar información sobre gastos en publicidad y ayuda social que realizó la binacional durante los últimos dos años es duramente cuestionada.
El Dr. Raúl Prono, quien actuó en representación de los pedidos realizados por el periodista de investigación Jhojhanni Vega Fiorini, explicó que el mismo pedido fue realizado a la Itaipú Binacional y que esta entidad sí entregó en una semana todo lo solicitado sin ningún contratiempo. “La Ley de Acceso a la Información
Pública viene de una reglamentación constitucional, donde se consagra la libertad de todo ciudadano del libre acceso a la información pública y fuentes públicas y en esta última están definidas las entidades binacionales”, explicó Prono.
Sostuvo además que no existe ninguna información comprometedora entre lo solicitado por los periodistas. “Se trata de gastos, rendiciones o importes, pero como no hubo manera de conseguir esto de forma directa con la EBY, se presentó un amparo”, añadió. “Luego de que se presenten todos los informes, la jueza seguramente va a estar dictando su resolución en primera instancia, de si hay o no un trámite previo que debe realizarse para que la información solicitada sea entregada”, mencionó Prono y agregó que “resulta llamativo que Duarte Frutos, como director paraguayo de la EBY, haya cumplido entregando a la Contraloría todos los pedidos de informes que corresponden a gobiernos anteriores”.