La Secretaría de la Función Pública (SFP) reconoció por segundo año consecutivo a la Cámara de Diputados por lograr el 100% de transpa­rencia en el uso de sus recur­sos. Al respecto, el titular de este cuerpo legislativo, Pedro Alliana, señaló que el recono­cimiento viene por el cumpli­miento de la Ley 5282/2014 de Transparencia, que fue promulgada en el gobierno del ex presidente Horacio Cartes, y que tiene que ver con la Ley de la Información Pública.

Indicó en ese sentido que la Cámara Baja bajo su admi­nistración ha dispuesto que todos los documentos, llama­dos a licitación y contratacio­nes públicas, contratación de personal, y todo lo que tenga que ver con la administración sean públicas. “Desde el año que se promulgó la ley, que fue el año en que me tocó por pri­mera vez ser presidente de la Cámara Diputados, ya había­mos trabajado con el equipo de funcionarios de Diputados, y le dimos cumplimiento al 100% de esa ley, ya entonces tuvimos el reconocimiento de la Secretaría de la Función Pública”, precisó.

No obstante, señaló que tras salir de la presidencia de la Cámara Baja, y quedar bajo la administración del diputado Miguel Cuevas, se dejaron de hacer las cosas que se habían iniciado respecto a esta Ley de Transparencia. Lo cual implicó perder importan­tes calificaciones que tiene que ver con la Contraloría General. Pero tras volver a ser nombrado presidente de la Cámara, lograron recupe­rar todas esas puntuaciones y calificaciones en materia de transparencia.

“Hoy de vuelta hemos levan­tado estas calificaciones que tiene que ver con la trans­parencia, firmamos acuer­dos con otras instituciones que nos ayuden a controlar la utilización de los recur­sos de la Cámara de Dipu­tados. Después de haber bajado las calificaciones en otras administraciones, vol­vimos a trabajar y logramos levantar considerablemente y hemos logrado el 100% de transparencia el año pasado, y ahora este año lo volvimos a hacer”, acotó.

Alliana felicitó a todo el equipo de funcionarios que comprendió la importancia de ajustarse a las leyes vigen­tes y cumplirlas a cabalidad, lo cual demuestra el compro­miso que tienen como funcio­narios públicos con la ciuda­danía en general.

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