El director general de Control de Contra­taciones Públicas de la Contraloría General de la República (CGR), Paul Ojeda, reconfirmó que se encontraron indicios de direccionamiento en el marco de la investigación que se realizó en torno a la obra de la pasarela ñan­dutí (Puente de la Cultura) que está siendo construida sobre la avenida Ñu Guasu. La CGR recomendó suspen­der los pagos pendientes.

Consultado sobre si el caso será derivado al Ministerio Público, Ojeda respondió que “esto tiene una instan­cia administrativa”. Indicó que el dictamen fue remi­tido lógicamente al MOPC con la recomendación de que se abra sumario admi­nistrativo para que se des­linden responsabilidades. “Se recomendó a su vez la suspensión de los pagos y se remitió a la Dirección Nacional de Contratacio­nes Públicas”, expresó en comunicación con Universo 970 AM.

Después del escándalo y varios cuestionamientos, MOPC abre sumario.

Ojeda también aclaró que aún no se abonó la totali­dad de la obra. Aproxima­damente se desembolsó el 70%, por lo que la Contralo­ría aconsejó no pagar el 30% restante. Asimismo, la CGR señaló que el proyecto y las especificaciones estipula­das en el pliego conforme el análisis realizado sufrió modificaciones mediante las adendas en más de un 90% aproximadamente, favoreciendo de esta manera a la firma adjudicada.

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Con esto último existe una clara prueba de un direc­cionamiento hacia la firma ganadora, en este caso la cuestionada firma Enginee­ring. “DNCP es la que reso­lución mediante sustan­cia la investigación y como órgano regulador en mate­ria de Contrataciones Públi­cas pueden hasta bloquear los códigos de contratación y realizar una verificación de la obra en sí”, explicó Ojeda al ser consultado sobre qué institución recae la última palabra.

Arnoldo Wiens, ministro del MOPC.

Por su parte, Dany Martha López, directora de audito­ría interna del MOPC, sos­tuvo que intervendrá en el caso a fin de llegar a diluci­dar lo sucedido. “El minis­tro me ha designado tanto como vocera así como para llevar adelante la auditoría de todo el proceso y también darle seguimiento al suma­rio administrativo con el fin de deslindar las responsabi­lidades y en el caso que sea necesario derivar los antece­dentes que sean necesarios a los organismos respectivos”, comentó. Sin embargo, cabe recordar que en el ministe­rio habían defendido el pro­yecto que fue motivo de burla generalizada.

Con relación a las reco­mendaciones emanadas del informe de la Contraloría, que realizó una verificación del proceso del llamado, el ministro dispuso que sean incluidas como buenas prác­ticas en los procesos inter­nos. “Tomamos muy en serio las recomendaciones señaladas por los órganos de control, porque finalmente apuntan a implementar una mejora continua de nuestros procesos”, sostuvo López.

La directora comentó que ya designaron al equipo de auditores y establecieron los plazos por 60 días, que según resolución en caso de ser necesario se estaría prorro­gando. “Una vez concluida la causa, remitiremos al señor ministro un informe y tam­bién a la asesoría jurídica que servirá como insumo para determinar si existie­ron o no irregularidades en el proceso”, afirmó.

La obra que cruza la auto­pista Ñu Guasu fue adjudi­cada a Engineering SA por dos millones de dólares (G. 13.400 millones). Este pro­veedor ya ganó 51 contratos con el actual gobierno.

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