El senador liberal Fernando Silva Facetti lamentó que la Justicia sea benevolente con el sector efranistia, que realiza movilizaciones exigiendo la liberación del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, quien está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Ante la amenaza de Miriam Irún de Alegre, esposa del preso, de tomar medidas más drásticas si no se da la liberación del político, dijo que si fuera cualquier otro ciudadano hoy ya estaría imputado.
“Parece que tenemos que resignarnos que sea así, porque no tienen ninguna consecuencia. Ni la Fiscalía ni la Policía, ellos tienen una libertad para cometer hechos tipificados como delitos y a ellos no se les aplica”, dijo al recordar que quienes se manifiestan exigiendo la libertad de Alegre son los mismos que incendiaron el Congreso Nacional en el 2017.
COMISIÓN GARROTE
Ante la orden de reclusión de la jueza Cynthia Lovera, un grupo de legisladores opositores en la Cámara de Diputados intentó conformar una mesa de denuncias contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, al solo efecto de buscarle una causal de juicio político.
Legisladores ven con preocupación la insistencia de sectores de izquierda, en su mayoría de la concertación Frente Guasu, un sector del Partido Liberal Radical Auténtico y organizaciones sociales, que están buscando crear “una comisión garrote” desde el Congreso Nacional, atropellando todo principio de legalidad.
Silva Facetti sostiene que no existe argumento para entablar un juicio político a la fiscala general por la orden de arresto emitida a raíz del incumplimiento de las medidas sustitutivas de parte de Alegre. Estos sectores buscan encontrar una causa política y es por ello que están llevando adelante movilizaciones con grupos de 20 a 30 personas, llevando ese mensaje para confundir a la gente.
PROCESO PENAL CORRECTAMENTE APLICADO
“Están tratando de crear una causa política a partir de una causa jurídica que está bien llevada. Como jurídicamente es imposible sostener que exista alguna irregularidad en el caso. Yo tengo más causales para iniciar un juicio político ante la falta de acción de la Fiscalía ante una denuncia presentada en febrero del año pasado por la Subsecretaría de Estado de Tributación por las facturas falsificadas por valor de G. 1.500 millones y que hasta ahora no se hizo nada al respecto”, indicó.
Asimismo, señaló que todas las instancias jurídicas se han manifestado respecto al proceso penal de Efraín Alegre y todas coincidieron en señalar que se enmarca dentro del aspecto legal. Sobre la intención de entablar una mesa de recepción de denuncias contra Quiñónez, se aproxima más a lo que en el Código Penal se establece como “coacción a un órgano del Estado”. “Te dicen ‘te voy a hacer un juicio político’, y a la consulta de por qué, ‘y por qué lo veré cuando abra la mesa receptora de denuncias por 180 días y cuando tenga un motivo voy a presentar el pedido de juicio político’. Esto es un cháke, que está mal, porque afecta la institucionalidad de la República”, explicó. Insistió en que el proceso de juicio a Efraín Alegre no sirve como motivo para llevar adelante el juicio político a Sandra Quiñónez porque el proceso penal está correctamente aplicado.