Lumma Silva Battochi, funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, no presentó declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República. La empleada municipal aparece ligada a una firma constructora mimada por la administración de Miguel Prieto. Según los documentos aportó el equivalente a cien meses de su salario para ser accionista de la firma.

• Por Juan Carlos Lezcano.

La funcionaria de la Muni­cipalidad de Ciudad del Este Lumma Silva Bat­tochi, del área de la secretaría, además aparece ligada a SCDE Sociedad Anónima, empresa constructora que recibió más de USD 1,5 millones de con­tratos con la comuna esteña en poco más de un año.

De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria munici­pal se sumó al cuadro acciona­rio de la firma en 2021. En ese entonces, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA y era un club nocturno.

Según consta en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Silva Battochi ingresó en 2021 a la Municipa­lidad de Ciudad del Este como contratada. Su sueldo era de G. 3 millones y sufrió un ligero aumento desde enero pasado, cuando empezó a percibir G. 3.350.000.

Es decir, Silva Battochi ingresó a la comuna en la misma época en la que se convirtió en accio­nista de la empresa.

La funcionaria municipal es una de las señaladas en la denuncia presentada días atrás por supuesta asocia­ción criminal y lesión de con­fianza. El caso apunta tam­bién al intendente de Ciudad del Este y jefe de Lumma Silva Battochi, Miguel Prieto, por las millonarias adjudicacio­nes de contratos a la empresa ligada a esta última.

Un punto que no deja de ser llamativo es que, según actas asamblearias de la sociedad, Lumma Silva Battochi aportó G. 320 millones como capital para ser accionista de la firma. Esto es cien veces el sueldo que percibe como funcionaria comunal.

La accionaria mayoritaria es Lilian Gregoria Graciela Bení­tez Villalba, quien declara acciones por G. 680 millones.

Básicamente, para poder cum­plir con su aporte accionario, Silva Battochi debería ahorrar cien meses de su remuneración como funcionaria comunal sin gastar siquiera en comida o servicios básicos.

De acuerdo con lo que consta en la página web de la Contra­loría General de la República (CGR), Lumma Silva Battochi no presentó declaración jurada de bienes y renta ante el órgano extrapoder.

Fuentes de la CGR confirma­ron a LN que la funcionaria inició el proceso digital para presentar su primera mani­festación de bienes, pero no cumplió con el paso de presen­tar la versión física del docu­mento, algo que se debe reali­zar cuando se cumple con esta obligación constitucional por primera vez.

Actas posteriores revelan que, a partir de 2022, Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Batto­chi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez. Para ese entonces, Silva Battochi ya había ingresado a la comuna esteña.

Samara declaró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por su hermanastra, la funcionaria comunal.

De acuerdo con publicaciones en las redes sociales de Silva Battochi y Aguirre Benítez, ambas mantienen una estre­cha relación. De hecho, se declaran “amor de hermanas” en posteos realizados sobre fechas especiales para ambas.

Tampoco existen registros de que Silva Battochi haya presen­tado declaración de conflicto de interés alguna, esto debido a que la empresa en la que figura su familiar tiene estrechos vín­culos con la institución en la que cumple funciones.

SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figu­ran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escri­bana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y decla­raba, entre sus actividades, el “servicio de bebidas”.

Golden Rouge es un club noc­turno que inicialmente tenía su local en la zona de la Super­carretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió mudarse a una nueva sede.

Golden Rouge SA pasó a con­vertirse en SCDE Sociedad Anónima en 2021 y Prieto le adjudicó G. 10.706 millones en contratos para obras en menos de 2 años.

Una funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este y su entorno familiar aparecen ligados una empresa beneficiada con millonarios contratos por la administración de Miguel Prieto. La firma inició como un club nocturno, pero terminó convertida en una constructora mimada por la comuna esteña.

• Por Juan Carlos Lezcano

Lumma Magdalena Silva Battochi no solo es funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, sino que ella y una her­manastra aparecen ligadas a una empresa constructora mimada por la administra­ción de Miguel Prieto.

Silva Battochi aparece con participación en la firma SCDE Sociedad Anónima, antes denominada Golden Rouge SA. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la fun­cionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en marzo de 2021.

En 2021, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA, un cono­cido club nocturno en el este del país.

Según consta en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Silva Battochi ingresó en 2021 a la Munici­palidad de Ciudad del Este como contratada. Su sueldo era de G. 3 millones y sufrió un ligero aumento desde enero pasado, cuando empezó a percibir G. 3.350.000.

Es decir, Silva Battochi ingresó a la comuna en la misma época en la que se convirtió en accionista de la empresa.

La funcionaria municipal es una de las señaladas en la denuncia presentada días atrás por supuesta asocia­ción criminal y lesión de confianza. El caso apunta también al intendente de Ciudad del Este y jefe de Lumma Silva Battochi, Miguel Prieto, por las millo­narias adjudicaciones de contratos a la empresa ligada a esta última.

Un punto que no deja de ser llamativo es que, según actas asamblearias de la sociedad, Lumma Silva Battochi aportó G. 320 millones como capital para ser accionista de la firma. Esto es cien veces el sueldo que percibe como funciona­ria comunal.

La accionaria mayorita­ria es Lilian Gregoria Gra­ciela Benítez Villalba, quien declara acciones por G. 680 millones.

Actas posteriores revelan que Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Batto­chi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez.

Samara registró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por la fun­cionaria comunal.

De acuerdo con publicaciones en las redes sociales de Silva Battochi y Aguirre Bení­tez, ambas mantienen una estrecha relación. De hecho, se declaran “amor de her­manas” en posteos realiza­dos sobre fechas especiales para ambas.

De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministe­rio Público y a documentos a los que tuvo acceso LN, la firma que se encuentra en la mira se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada de la administra­ción Prieto y a la que adju­dicó contratos por G. 10.706 millones para refacciones en escuelas, obras viales en menos de dos años. Los fon­dos provienen del Fonacide.

SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP).

La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escri­bana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y decla­raba entre sus actividades el “servicio de bebidas”.

Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciu­dad del Este con Hernanda­rias, pero que tiempo des­pués debió mudarse a una nueva sede.

El 9 de julio de 2021, Lilian Benítez Villalba acudió como presidenta del directorio de la firma a solicitar el cambio de denominación y también de las actividades declaradas por la empresa.

Como actividades secun­darias declararon “cons­trucción de edificios, otras instalaciones de construc­ción, comercio al por mayor de materiales de construc­ción”. Llamativamente, dejaron entre las activida­des secundarias una en par­ticular: “actividades vincu­ladas al servicio de bebidas”.

Entre los accionistas de la asamblea del cambio de deno­minación figuraban, siempre según el acta notarial, Lilian Gregoria Graciela Benítez y Lumma Magdalena Silva Bat­tochi, quien como menciona­mos líneas arriba es la funcio­naria denunciada.

Como representantes de la firma contratista aparecen Samara Aguirre y Lilian Gra­ciela Benítez.

Aguirre tiene fotografías en redes sociales en las que apa­rece en cumpleaños infanti­les compartiendo junto al intendente Prieto y a la con­cejal Valeria Romero, una de las personas de confianza del jefe comunal.

Por su parte, Lumma Silva Battochi está casada con Juan Quiroga, quien es director de la Secretaría de la Vivienda de la comuna esteña.

Tras una jornada cívica sin precedentes y con una gran mayoría, fue electo como nuevo presi­dente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) el doctor Daniel Prieto Davey. Como vicepresidentes fueron electos Mario Apodaca Guex y Cefe­rino Méndez Vera.

En cumplimiento de sus obli­gaciones estatutarias, ARP realizó ayer su asamblea gene­ral ordinaria para la renova­ción de la comisión directiva central y presentar los resulta­dos del ejercicio 2023. En una jornada cívica ejemplar fue electo por una gran diferen­cia de votos el Dr. Daniel Prieto Davey como nuevo presidente de la ARP, en reemplazo del doctor Pedro Galli Romañach.

Con plena satisfacción y hon­rando la confianza depositada en su persona, el nuevo titu­lar del gremio ratificó su firme compromiso con la institución. “Redoblamos el compromiso de trabajar en defensa de los reales intereses y necesidades del productor. Trabajaremos con el Gobierno para construir alianzas público-privadas que nos beneficien y así seguir mar­cando esta defensa del sector privado”, dijo. Mencionó que Paraguay tiene mucho por cre­cer por lo cual se comprometió en trabajar respetando la sobe­ranía de nuestra nación. Por otro lado, indicó que seguirán construyendo políticas para el sector, teniendo en cuenta el significado del segmento agro­pecuario en la matriz produc­tiva de nuestro país.

La terna presidencial quedó completada por el doctor Mario Apodaca Guex, quien fue electo vicepresidente pri­mero, y por el señor Ceferino Méndez Vera, ocupando el cargo de nuevo vicepresidente segundo de la ARP. También fueron designados los nue­vos miembros de la comisión directiva y de la comisión electoral central.

Por otro lado, fueron puestos a consideración de la magna asamblea los resultados del periodo fenecido con la presentación de la memoria y el balance del ejercicio 2023. En ese sentido, el presidente saliente, doctor Pedro Galli Romañach, habló de los importantes logros alcanzados por la comisión directiva central y agradeció a todos los que trabajaron para el éxito de los importantes proyectos encarados.

Desde la dirección de comunicación de la ARP agregaron que Galli, al cierre de las elecciones, se despidió deseando suerte a la nueva comisión directiva de la ARP en este gran compromiso que representa estar al frente del gremio más importante del país y luchar por los intereses de los productores, del gremio y del país.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionali­dad presentada por la exse­nadora Kattya González, que fue destituida tras ser acu­sada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resol­vió rechazar la medida caute­lar de González, que preten­día volver al Senado.

El pasado 27 de febrero, a tra­vés de sus abogados, González recurrió a la máxima ins­tancia judicial para presentar una acción de inconstitucio­nalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.

En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acom­pañaron la expulsión de Gon­zález, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.

Luego de la incidentada sesión, González anun­ció que iba a recurrir a instancias internaciona­les para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstituciona­lidad ante la Corte.

Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expul­sión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía invia­ble su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de espe­rarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instan­cia donde recurrir y definiti­vamente se queda sin banca en el Senado.

En el libelo acusatorio se mencionó el caso de pla­nillerismo de los asesores de la parlamentaria, Sole­dad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR).

Torales percibía doble sala­rio por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.