Patricia Samudio, extitular de Petropar, fue condenada a cuatro años de prisión por las compras irregulares durante la pandemia de coronavirus. De esta manera se convirtió en la primera del entorno del expresidente Mario Abdo Benítez en ser condenada por hechos de corrupción.

• UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA

Al menos media docena de exminis­tros y altos funcio­narios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encon­traban en la función pública.

Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió ayer en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un per­juicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 uni­dades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

La lista continúa con 400 uni­dades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unida­des de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.

Otro de los procesados del entorno de Mario Abdo Bení­tez es el exsenador y exminis­tro de la Senad y del Interior, Arnaldo Giuzzio.

El exministro enfrentará jui­cio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agra­vado en carácter de autor, por su presunto vínculo con el bra­sileño sindicado como narco­traficante Marcus Vinicius Espíndola Marques, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a cono­cer que alquiló una camioneta, para unas vacaciones familia­res en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marques.

De acuerdo con las investiga­ciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Minis­terio del Interior y, consecuen­temente, a la Policía Nacional, como así también “a título gra­tuito” el alquiler de una camio­neta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.

Joaquín Roa Burgos, exminis­tro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante.

Roa fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY. En noviembre pasado, la Fis­calía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudi­cado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de bene­ficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secre­taría de Emergencia Nacional”.

La Fiscalía imputó al expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mau­ricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arre­gui, al extitular de la Secreta­ría Anticorrupción René Fer­nández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de ser­vicio” y otros.

La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación espe­cial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denun­cia falsa (art. 289 del CP), simu­lación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de fun­ciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.

El Instituto de Pre­visión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recu­perar en esta nueva adminis­tración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un con­sorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.

El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instan­cia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la pre­visional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tene­mos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el pro­grama “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.

Llamativamente, durante la administración ante­rior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del con­sorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, lla­mativamente el IPS y el con­sorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.

“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excep­ción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese enton­ces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millo­nes aproximadamente lo que debía”, señaló Gonzá­lez en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.

La previsional ganó el jui­cio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sor­prendentemente” el Con­sejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extraju­dicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescin­dido ese acuerdo extrajudi­cial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el direc­tor jurídico.

Tras ese acuerdo extrajudi­cial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homolo­gación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homolo­gación mataron todo el jui­cio”, según las explicaciones del director jurídico.

“Revisando los anteceden­tes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permi­tiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.

El operativo de montaje y filtración de información confidencial desde la Seprelad arrancó en el mes de diciembre de 2021 con una reunión clave entre funcionarios de la Seprelad y una oscura personaje del gobierno de Abdo Benítez, Verioska Velazco, la asesora venezolana del presidente. El operativo fue “craneado” desde la propia Seprelad con funcionarios ajenos a la institución, quienes dejaron rastros que permitieron a la Fiscalía descubrir la trama y fundamentar su imputación con base en 42 elementos. De acuerdo al acta de imputación fiscal existen 10 fechas claves que revelan cómo se ejecutó la operación.

• Por Cinthia Mora

La causa abierta con­tra Mario Abdo Bení­tez, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fer­nández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene y Mauricio Espínola se sus­tenta en elementos de sos­pechas irrefutables que sostienen la tesis del Minis­terio Público. Todos los ele­mentos fueron colectados con aval y control judicial.

De acuerdo al relato de hechos, datos y fechas con­signados en el acta de impu­tación de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grise­tti, el operativo de “garrote político” de la Seprelad tuvo fecha de inicio y una suce­sión de hechos conectados con el objetivo de montar y filtrar un informe de inte­ligencia para perjudicar a los enemigos políticos de turno.

Todo arrancó con una reu­nión entre autoridades de la Seprelad y la asesora “fan­tasma” del gobierno de Abdo Benítez, Verioska Velazco, la venezolana sobre quien no aparecen datos oficiales.

Esta reunión aparece regis­trada en fecha 16 de diciem­bre de 2021 a las 9:40 en la sede de la Seprelad. Del encuentro participaron Carlos Arregui, Carmen Pereira, Arnaldo Giuzzio y Daniel Farías, este último en calidad de asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior y la asesora fantasma de Abdo, Verioska Velazco, quien se habría presentado como “asesora externa” de la Pre­sidencia de la República, sin que exista acto administra­tivo que la designe como tal.

Otra reunión que aparece es la del 29 de diciembre de 2021 entre Carlos Arre­gui, Carmen Pereira y René Fernández, ministro de la Secretaría Nacional Antico­rrupción (Senac). Las reu­niones en las oficinas de la Seprelad eran constantes y el que participaba con fre­cuencia, sin ser funciona­rio de esta institución, era Daniel Farías, quien en ese momento se encontraba comisionado y prestaba servicios en el Ministerio del Interior bajo órdenes de Arnaldo Giuzzio.

La cronología continúa con la fecha 26 de enero de 2022, cuando el enton­ces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presenta una denuncia en contra del expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes ante la Seprelad, esta institución no estaba facultada a recibir denuncias sobre comisión de hechos punibles.

Tras la denuncia presentada por Giuzzio contra Cartes se sucedieron hechos llama­tivos y vinculados entre sí. Ese mismo día, 26 de enero de 2022, el Poder Ejecutivo nombra como viceminis­tra de la Seprelad a Carmen Pereira, quien hasta enton­ces ocupaba el cargo de directora general de Análi­sis Financiero y Estratégico. Pereira es apuntada como la mano derecha de Arregui y “cerebro” del montaje de informes de inteligencia.

El mismo día de la designa­ción de Pereira como vice­ministra, la denuncia pre­sentada por Giuzzio contra Cartes ante la Seprelad fue derivada a un asesor de aná­lisis financiero de Seprelad, Guillermo Preda Galeano, también imputado en la causa.

El 9 de febrero de 2022, el agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrup­ción Omar Legal solicita a la Seprelad que informe si en los últimos 10 años se han elaborado informes de inteligencia relacionados a Horacio Cartes. Dando curso a esta solicitud fiscal y excediendo en lo solicitado, se recabaron datos e infor­mes relacionados a Cartes y sus empresas y monta un informe de inteligencia.

El 18 de febrero de 2022 el funcionario de la Sepre­lad, quien respondía a las órdenes de Carmen Pereira, Francisco Pereira Cohene, solicita y recibe informa­ción de parte del funciona­rio Derlis Ruiz sobre datos recabados hasta la fecha sobre Horacio Cartes y la empresa Tabacalera del Este SA.

Para ese entonces, en la Seprelad ya funcionaba una oficina “paralela” desde donde se accedía a toda la información relacionada a Cartes y sus empresas, el encargado de este “trabajo” era un funcionario que no pertenecía a la institución, Daniel Farías, asesor de Arnaldo Giuzzio.

La investigación de los fis­cales Cantero y Grisseti pudo determinar dónde y quiénes elaboraron los informes que luego fueron filtrados a los medios. En los archivos de la Seprelad se encontraron los metadatos (huellas digitales) del docu­mento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández que luego sirvie­ron de base para el informe de inteligencia financiera, el número 10/2022

Aquí aparece una fecha clave: el 26 de marzo de 2022 a las 17:48. Es el registro del documento en formato word creado por Daniel Farías y luego edi­tado por última vez, ese mismo día, por René Fer­nández. Dicho archivo era un borrador del informe de inteligencia relacionado al expresidente Cartes y a la firma Tabesa. En el docu­mento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich.

Ni Farías ni Fernández eran funcionarios de Seprelad al momento en que elabora­ron el proyecto de informe de inteligencia. Tampoco poseían ningún tipo de atri­bución legal para hacerlo.

Este mismo archivo en for­mato Word fue remitido, el 28 de marzo de 2022, vía correo institucional, por Carmen Pereira a Francisco Pereira con la instrucción de que sea utilizado como base para el informe de inte­ligencia que sería remitido al Ministerio Público.

La Fiscalía sospecha que el archivo secreto elabo­rado por Farías y Fernán­dez habría tenido un doble propósito, por un lado, ser­vir de base para la filtra­ción de datos confiden­ciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mis­mos datos fueran utilizados para la emisión del poste­rior informe de inteligencia 10/2022. Ni Peña ni Boida­nich revestían al carácter de investigados en el marco de dicho informe de inteli­gencia.

El operativo de montaje y filtración incluyó un capí­tulo especial que también dejó rastros en los archi­vos de la Seprelad. El 31 de marzo de 2022, a las 8:58, Carmen Pereira remitía vía correo electrónico indica­ciones para que el archivo Word (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).

Este revelador documento fechado el 1 de abril de 2022 fue enviado a EE. UU. tres meses antes de que la Emba­jada norteamericana en nuestro país diera a cono­cer en Paraguay una lista de personas declaradas signi­ficativamente corruptas.

En la cronología de hechos relatada en el acta de impu­tación se incluyen dos fechas más que correspon­den a hechos de carácter público y notorio, innega­ble por parte de los acusa­dos: el discurso político del expresidente Mario Abdo Benítez del 8 de mayo de 2022, cuando afirmó que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exminis­tro de la Seprelad, a cambio de su silencio.

Esta información de carác­ter confidencial habría sido expuesta por Mario Abdo Benítez con el objetivo de desacreditar al expresi­dente Horacio Cartes, ya que ambos se encontraban en ese momento disputando el cargo de presidente de la ANR.

El 20 de mayo de 2022, a las 8:43, se “afinaban” los últi­mos detalles de lo que sería el informe de inteligen­cia remitido a la Fiscalía. El funcionario Guillermo Preda remite por correo al analista Derlis Ruiz los cua­dros de salarios de Peña y Boidanich.

La orden que se había dado era incluir en dicho informe el cuadro de salario de Óscar Boidanich y Santiago Peña. Esta información se extrajo del documento en formato Word elaborado por Farías y Fernández el 26 de marzo de 2022. De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, fue orden de Carlos Arregui incluir estos datos al informe de inteligen­cia con la presunta finalidad de que se inicien investiga­ciones de carácter penal en contra de dichas personas.

En la misma fecha, 20 de mayo de 2022, tan solo 17 minutos después de que el funcionario Guillermo Preda Galeano envíe los cuadros de salarios de Peña y Boidanich para ser incorporados al informe de inteligencia, el secretario privado de la Presidencia, Mauricio Espínola, publi­caba los mismos datos en su cuenta de red social X.

El informe de inteligencia 10/2022 elaborado en estas circunstancias y tras las fil­traciones registradas recién fue remitido al Ministerio Público a las 15:21 del día 20 de mayo y fue descargado por la entonces fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, en fecha 23 de mayo de 2022.

Todo el operativo de mon­taje y filtración de informes de la Seprelad contó con la estrecha colaboración de los medios afines al abdismo. El diario Abc Color publicó el 28 de mayo de 2022 la noticia “Fulminantes datos sobre red montada por Horacio Cartes”, en la que se encuentran diversos datos e informaciones tex­tuales que únicamente se encontraban en el informe de inteligencia 10/2022.

Todo el operativo de montaje y filtración de informes de la Seprelad contó con la estrecha colaboración de los medios afines al abdismo.

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía fue orden de Carlos Arregui incluir estos datos al informe de inteligencia con la presunta finalidad de que se inicien investigaciones de carácter penal en contra de dichas personas.

El proceso penal por siete hechos puni­bles que enfren­tan el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla, por la filtración de información de la Seprelad, debe des­trabarse en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Los integrantes de la sala son los minis­tros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Diesel.

Los altos magistrados deben resolver la recu­sación que presentó el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado Carlos Arregui, contra los camaristas María Belén Agüero, Jesús Riera y Arnaldo Fleitas.

El ministro Benítez Riera es el preopinante en el presente caso y el mismo ya emitió su voto sobre la recusación contra los camaristas. Ahora, el expediente pasó al gabi­nete del ministro Die­sel, quien deberá votar igualmente, ya sea en el mismo sentido o en disi­dencia, para luego emi­tir su voto el ministro Ramírez, sobre el plan­teamiento dilatorio de la defensa del imputado Arregui.

Una vez que se tengan los votos de los tres altos magistrados, se tendrá la resolución sobre la recu­sación que pesa sobre el Tribunal de Apelación. En caso de ratificarse la competencia de los cama­ristas, estos deben deci­dir sobre la recusación de la jueza Cynthia Lovera. Esta, a su vez, una vez que sea confirmada, deberá estudiar doce chicanas más presentadas por los abogados de los imputa­dos en el presente caso.

Hasta el momento, los abogados defensores de los imputados solo se dedican a presentar inci­dentes dilatorios, debido a que la imputación fis­cal está bien elaborada y sostenida, conforme a los elementos de prueba que se recolectaron durante la etapa investigativa.

Entre las chicanas que se presentaron en el refe­rido expediente judicial, se encuentra el recurso de reposición con ape­lación en subsidio en contra de la providencia de fecha 14 de marzo de 2024, que admite el acta de imputación. Todos los imputados presentaron este recurso que es al solo efecto de dilatar el caso.

En el presente caso, están imputados Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Fran­cisco Pereira y Mauricio Espínola.

Los supuestos delitos cometidos que se les atri­buyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funciona­rios o personas con obli­gación especial, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simula­ción de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación cri­minal.