La revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que debe ser renego­ciado con el Brasil para el año 2023, es un tema fundamen­tal para el futuro de nuestro país, e inexplicablemente está ausente en el debate nacio­nal, ya sea para el Gobierno o para los partidos políticos y para los demás estamentos de nuestra sociedad. En el pro­grama “Fuego cruzado”, emi­tido por el canal GEN y con­ducido por los periodistas Benjamín Livieres y Gustavo Velázquez, fue invitado Euse­bio Ramón Ayala, doctor en derecho, miembro de la Con­vención Nacional Constitu­yente de 1992 y actual senador por el PLRA.

-Esto tiene varias aristas, hay un problema estructural per­manente que es el tema de los jueces quienes tienen que dic­tar la prisión de cualquier per­sona. Hay miles de personas que sufren una mala inter­pretación judicial de la pri­sión preventiva.

La Constitución Nacional dice que debe dictarse solo en el caso que sea indispen­sable para las diligencias del proceso. (…) La gente no con­cibe que se puede discutir y llevar un proceso civilizada­mente, en libertad, salvo las dos causales, que son la posi­bilidad de una obstrucción en la Justicia o que pudiera haber peligro de fuga. Fuera de esas condiciones, todo ciudadano sigue siendo inocente hasta tanto sea culpable mediante una sentencia judicial. Esa es la parte estructural que no solo le afecta al presidente del PLRA sino que a muchí­sima gente.

-Creo que fue incorrecta la apreciación para la imputa­ción, ni tampoco correspon­den esas medidas alternativas que le dieron.

-En un Estado de derecho, y si uno cree en eso, no tiene más alternativas, por más injusta que sea, que someterse al pro­ceso y obviamente se litigó y se tuvo la medida alternativa. Su abogado dijo que le reco­mendó cumplir las medidas alternativas, pero él tiene otros abogados que le reco­mendaron otra cosa. Él con­sidera que este sistema es corrupto, es mafioso y está todo mal, entonces decidió hacer una lucha política en contra del sistema y, por lo tanto, al hacer esa lucha polí­tica y sin cumplir esas medi­das, ahí se le aplicó el tema de la detención preventiva. Es un hecho grave para el país por­que es el presidente de un par­tido grande y nosotros cree­mos que nadie tiene que pasar por esa situación.

-No hay una explicación razo­nable del porqué no existe discusión ni debate; pero, ¿quién debería impulsarlo? El manejo de las relaciones internacionales le corres­ponde al Presidente a través de la Cancillería, eso es claro y categórico. Anexo C, tene­mos que instalar esa agenda y hay que discutirla. Lo que ocurre también es que esa diplomacia del siglo pasado, donde uno tiene que tener una diplomacia discreta para no decir oscura u opaca, ya pasó de tiempo, sobre todo en los temas de Itaipú o Yacyretá. Pero no se puede hacer con el tema de Itaipú porque es una causa nacional y es la mayor riqueza que tenemos concen­trada en un territorio deter­minado.

-Eso está comprobado, pode­mos tener opiniones, pero hay hechos concretos. El acta bilateral entreguista del año 2019 fue un hecho y hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias derivadas de eso. Finalmente, esa acta salió a la luz y la Cancillería pidió al gobierno del Brasil para dejarlo sin efecto; Bra­sil aceptó, y entonces esa acta bilateral quedó sin efecto es año 2019.

-Hay diferentes tipos de res­ponsabilidades y el princi­pal es el equipo ejecutivo que tiene todos los elementos y las relaciones. Obviamente los demás sectores también son responsables. Desde el Parlamento, nosotros había­mos dictado una ley desde una Comisión Bicameral para acompañar el estudio de la revisión del Anexo C, que tiene una conformación en la Cámara de Senadores, pero no se ha logrado aún confor­mar en la Cámara de Diputa­dos. Si se llega a conformar, eso sería como el contralor del Ejecutivo. El año pasado ya se formó un equipo polí­tico y técnico, pero nosotros no tenemos los resultados ni los avances de ese estudio, y que yo sepa, no ha llegado ni siquiera un informe prelimi­nar al Congreso.

-Tampoco, pero no obstante este año, nosotros vamos a volver a estudiar lo que necesi­tamos estudiar y vamos a colo­car en la agenda de cualquier manera. No hubo respuestas por parte del Ejecutivo y creo que lo que ellos deben hacer es compartir parte de esas con­clusiones. Nadie pide que se hagan pública esas cuestiones estratégicas.

-Es muy importante el debate público sobre el Anexo C por­que, así como vemos, es muy difícil llegar a una buena nego­ciación; pero, ¿cómo podría­mos llegar a un buen puerto si nuestra tripulación o nuestro piloto o capitán o timonel no está bien enfocado? ¿Qué sería para nosotros llegar a buen puerto?, si ni siquiera sabe­mos cuáles son los objetivos.

-Del lado brasileño ellos ya lo tienen bien establecido y es natural que Bolsonaro e Ita­maraty defiendan los intere­ses de Brasil. Tienen una serie de ventajas porque cuentan con un mercado eléctrico insatisfecho y la posibilidad de seguir consumiendo ener­gía barata que el Paraguay no utiliza.

Tienen a integrantes del sec­tor público y privado en el manejo del sector eléctrico. Tienen una inmensa canti­dad de capitales privados y que están muchos de ellos en el consejo de administra­ción porque Eletrobras es un enorme conglomerado, y den­tro de eso está Itaipú.