El funcionario se refirió a los proyectos que prevén concretar en este 2021, unas 9.200 viviendas, pero no descarta que podrían ser más.

El déficit habitacional en el Paraguay ronda las 800 mil viviendas y 3 millones de personas se ven afectadas por esta situación. En una nueva edición del programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN y conducido por los periodistas Augusto dos Santos y Benjamín Livieres, se analiza este tema considerado vital y que impacta de manera importante en términos sociales.

Para conocer los proyectos con los que el Ministerio de Urba­nismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) va a encarar este sen­sible tema, fue invitado su titu­lar, el abogado Carlos Pereira, de vasta y reconocida trayectoria al frente de otros organismos del Estado.

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-Dimos unas cifras acerca del déficit habitacional y nos gustaría que nos comentara sobre ese tema, pero tam­bién quisiéramos que nos hablara sobre el departa­mento Central.

-Escuché las cifras y me parece que son un poco más, incluso. Pero más allá del déficit cuanti­tativo, también hay que hablar de las falencias en la calidad de las viviendas existentes. Justa­mente esta mañana estuvimos con el presidente de la Repú­blica hablando del departa­mento Central y complemen­tando 23 viviendas que ya se habían inaugurado, hoy fueron 11 y en lugares donde estuvieron mucho tiempo postergados, son los gancheros de Cateura. Real­mente lo que importa es la polí­tica pública orientada al desarro­llo y a la creación de condiciones y de programa y acciones que tengan que ver con la manera contributiva de poder generar las condiciones para que el déficit habitacional sea menor.

La pregunta es, ¿por dónde comenzar? Apenas ingresé a esta institución y comencé a mirar que en la misma carta orgánica está consagrada a editar las políticas públicas en materia de urbanismo, vivienda y hábi­tat. Ya está incorporada dentro de la estructura organizacional la figura del Viceministerio de Urbanismo y creo yo que debe­mos comenzar por allí.

La política pública que nosotros queremos desplegar y la orien­tación que tenemos es precisa­mente cambiar todo lo que tenga que ver con la estructura orgá­nica y eso conlleva cambios en las pautas sociales, culturales, de ética y de moral, de manera a que podamos crear las condi­ciones para que, desde el sector público, hoy podemos ofrecer y convocar al sector privado, para que se presenten realmente los proyectos y las propuestas en lo que estamos en déficit con la ciu­dadanía.

-¿Cómo hacer frente a la des­igualdad en la inversión que proviene del Estado?

-Esta pandemia nos ha impac­tado muy duro en materia sanitaria y también económi­camente, y hoy, quizás paradó­jicamente luego de un encierro en donde todos los sectores, ya sean primarios, secundarios o terciarios y sobre todo los servi­cios, se han resentido e incluso ha aparecido una nueva modalidad, que es el teletrabajo.

Hemos tenido recortes impor­tantes que impactan en el pre­supuesto, alrededor del 35% menos en el presupuesto y aún así el ministerio cierra el ejerci­cio 2020 con 64% de ejecución presupuestaria y vamos a tratar de contrarrestar ese espacio que se reduce en materia de presu­puesto, con gestión, que vamos a traducir en la burocracia, incor­porar otros sistemas de control que hagan que se tenga un mayor y mejor contacto de interacción.

-¿Cuál es la agenda del com­plejo habitacional de Mariano Roque Alonso?

-Al ingresar al MUVH, encuen­tro un inventario de 1.627 vivien­das sin terminar, 633 rescindi­das y comienzo a observar la dinámica de los proyectos exis­tentes, entre los cuales está el del Mariano Roque Alonso, que está en plena ejecución y se tiene previsto terminarlo para el mes de julio. Allí tenemos 600 vivien­das derivadas de los fondos de China (Taiwán) y terminamos la semana pasada presentando el pedido de aprobación de planos de las 93 soluciones habitaciona­les que hace tiempo están deri­vadas al IPS. Son tres bloques de 31 departamentos cada uno.

También queremos hacer el lla­mado dentro de los próximos 15 días para el cerramiento de esos departamentos y llamar inme­diatamente a una licitación para poder tener una oferta dedicada a la clase media en el sector de Mariano Roque Alonso.

Estamos hablando con AFD y con los bancos para articular un fideicomiso y poder ofrecer a las más de 1.800 solicitudes que obran hoy dentro del ministe­rio que piden departamentos, aperturas de viviendas, que se les construya en el terreno que ya tienen.

-Insisto en la desigualdad del presupuesto. Creo que hay mucho discurso social y que en términos prácticos se queda en lo discursivo.

-Hay que reconocer que noso­tros tenemos dos fuentes de financiamiento, una de US$ 47 millones, con la reciente ley que aprueba 4.100 viviendas a ser construidas con ese recurso, además de las 5.120 viviendas que están proyectadas dentro del presupuesto institucional, aun con el recorte del 35%.

Tenemos planificadas 9.200 viviendas y creemos que eso representa casi US$ 80 millones y que podrían ser más. Lo que quisiéramos es poder articular los mecanismos que nos permi­tan crear condiciones, para aten­der todo el sector vulnerable de las viviendas sociales. También quisiéramos que hoy el minis­terio se erija en un instrumento novedoso e innovador y que esté en permanente contacto con el sector privado.

-¿Cuál es el futuro del barrio San Francisco, que hoy en día está en manos de situaciones especiales como la delincuen­cia o la drogadicción?

-Hace una semana hemos inter­venido, por llamarlo de alguna manera, volviendo a hacer pre­sencia en el territorio. Las asi­metrías que se observan es por la falta de la presencia de una insti­tución que ponga orden. Lo que se hizo en el barrio San Fran­cisco es muy relevante y por eso nosotros estamos tratando de continuar con un complemento que le falta: volver a asistir a esas familias que están allí y buscar un brazo de apoyo como la gene­ración de empleos.

-¿Volverá a ser el barrio San Francisco que queríamos?

-Hace una semana estamos haciendo una actualización de las fichas sociales de las familias que ya estaban viviendo y aque­llas que han dejado de asistir, y de otras que raya un poco la irre­gularidad, estaban usurpando lugares que no les corresponden.

-¿Cómo se están operando hoy, las casas que se cons­truyen son vía Contratacio­nes Públicas o continúan con este sistema de Fonavis, que escapa bastante a los contro­les de los órganos del Estado?

-Estamos fortaleciendo las reglamentaciones y estable­ciendo el control en todo el proceso desde la adjudicación hasta el final. Estamos creando la incorporación de registros de fiscalizadores y estamos levan­tando la vara en el sentido de solicitar exigencias que ante­riormente no tenían; por ejem­plo, que las entidades que se dedi­can a los servicios de asistencias técnicas, tengan cierto nivel de controles y que estén inscrip­tos en los organismos de con­trol, como la Seprelad o la SET.

También estamos revisando las formas en las que se entre­gaban los desembolsos y las dis­crecionalidades contractuales que existían. Creemos que todas estas revisiones puntuales y veri­ficaciones in situ nos permiten saber a ciencia cierta que las empresas existen y se dedican a lo que dicen. También verifi­camos la calidad a través de los arquitectos y los técnicos de la Dirección de Hábitat y de la Dirección Técnica de Fonavis, quienes visitan los lugares.

Todo esto se hizo a partir de las 1.627 casas sin terminar y eso me llevó a desarrollar una idea que hoy estamos terminando de reglamentar, como para tener un trazado como los que se tienen en cualquier proceso de com­pra y adjudicación. Más allá de la tipología o de la característica que pueda tener un sistema de compra, lo que importa son los valores, la conducta, los delinea­mientos y la cantidad de requisi­tos que uno pone.

-¿Que la autoridad pone?

-Exactamente, nosotros esta­mos llamándole a la gente y esta­mos compartiendo con ellos mismos las ideas que tenemos, de manera a que nadie diga, estos están trabajando a puer­tas cerradas, como en algún momento se me insinuó y que de esa manera iba a perjudicar a los servicios de asistencia. Lo único que nosotros queremos es precautelar los recursos públi­cos y que lo que se pague, llegue realmente a destino, en buena forma y con procedimientos de control.

-¿Alguna idea para el futuro de la Chacarita?

-Hay un proyecto cuyo desa­rrollo está en curso desde el año 2016, pero está un poco parado y es un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene tres componentes. Uno de esos componentes se trata del fortalecimiento de toda la Cha­carita alta, detrás del Ferroca­rril, en el barranco de Tacuary y Antequera, donde desembocan todos los raudales.

Eso ha llevado por delante a más de 64 hogares que estaban en el borde del arroyo. Hoy ese proyecto está en un 25% de eje­cución y en ese lugar se están edificando las casas para esas familias. Asimismo, hay otro plan maestro que es el que se tiene con la Municipalidad de Asunción, donde todo el refu­lado de la zona del Bañado Norte, donde se pretende construir mil viviendas, también están en plena ejecución.

El problema es el lento avance de esos proyectos y no se compa­decen con la verdadera realidad económica y social en la que hoy estamos atravesando.

-Es valorable el esfuerzo que ustedes hacen con un presu­puesto insignificante y que no se puede considerar como política de Estado.

-Yo insisto en que tenemos un presupuesto, si bien ajustado, aun así vamos a hacer, por un lado US$ 47 millones, que van a ser disponibilizados a partir de marzo para ser ejecutados en este ejercicio 2021. O sea que no van a ser 20 millones nada más, sino los 47 más otros 43, serían casi 80 a 90 millones de dólares, pero aun así, coincido 100% en que es insuficiente para mitigar las necesidades que tenemos en materia habi­tacional. No solamente vamos a hacer viviendas sociales por­que nosotros también queremos ser un actor importante desde el Gobierno, creando las condi­ciones para que las necesidades insatisfechas de la clase media también tengan hoy una diver­sidad de oferta.

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