El Ministerio Público deberá presentar este jueves su reque­rimiento conclusivo en el pro­ceso penal que soportan Justo Ferreira y su hija Patri­cia Ferreira, accionista y pre­sidenta de la firma Imedic SA imputados penalmente por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal en el marco de la investigación de la compra de insumos chinos en la pan­demia.

El fiscal Osmar Legal deberá presentar su requeri­miento que puede ser una acu­sación y, por ende, la solici­tud de que el proceso penal se eleve a un juicio oral y público. En caso de ser así, será el juez de Delitos Económicos Hum­berto Otazú quien deberá fijar la fecha para la audiencia pre­liminar donde se discutirá si padre e hija van a estar sentados en el banquillo de los acusados.

En noviembre del año pasado la Justicia una vez más salió a favor de los procesados por hechos de corrupción y como si fuera poco, de quienes inten­taron jugar con la salud de los paraguayos, ya que llamativa­mente el juez penal de Garan­tías Mirko Valinotti benefició al accionista de la firma Imedic SA Justo Ferreira con el arresto domiciliario, al igual que su hija Patricia Ferreira.

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La determinación del magis­trado se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo vía telemática, otro privi­legio concedido al clan Ferreira. Valinotti expresó en su fallo que “existe suficiente arraigo y han ofrecido una fianza muy importante que totalizarían casi US$ 1,5 millones y acre­ditaron su sometimiento a los mandatos de la Justicia, y agregaron constancia de vida y residencia”.

Igualmente tienen prohibido cambiar de domici­lio y la prohibición de salida del país, indicó. Asimismo, el juez justificó su resolución subra­yando que “los hechos señala­dos por el Ministerio Público son considerados delitos, por lo que se puede otorgar el arresto domiciliario”.

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