Marcelo Pecci y Sussi Riquelme, agentes fiscales encargados de la investiga­ción por la supuesta falsifi­cación de facturas que per­mitieron la importación de principios activos/medi­camentos, en asociación criminal, ulteriormente comercializados sin auto­rización, a nivel nacional, apelaron las medidas alter­nativas a la prisión conce­didas a Patricia Ferreira y Nidia Godoy. Las muje­res son presidenta y direc­tora de la empresa Insumos Médicos SA (Imedic SA) desde donde se habría rea­lizado los hechos punibles.

La Fiscalía había solicitada la prisión preventiva para las imputadas.

Marcelo Pecci.

Los representantes del Ministerio Público alega­ron agravios generados por falencias argumentativas, incongruencias lógicas en el razonamiento y aserciones signadas por falta de veraci­dad, en los fallos impugnados.

FIANZA

La jueza penal de Garan­tías Clara Ruiz Díaz decretó el arresto domiciliario de Ferreira y Godoy. Además, dispuso para Ferreira la pro­hibición de cambiar de domi­cilio, una fianza real que es un inmueble valuado en US$ 1.496.759 y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con los coimputados en la presente causa penal y con los testigos del pro­ceso penal. Igualmente, se trabó embargo por la suma de dinero mencionada.

La magistrada argumentó su decisión alegando que no existe peligro de fuga ni obstrucción a la investigación en curso.

Mientras que los fiscales con relación a la acreditación del peligro de fuga, dictaron orden de detención preven­tiva, el 9 de junio del 2020, comunicada a la Comandan­cia de la Policía Nacional, a la que no se dio cumplimiento.

Desde el inicio del proceso los representantes legales de las imputadas han presentado varias chicanas para dilatar la investigación.

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