Marcelo Pecci y Sussi Riquelme, agentes fiscales encargados de la investigación por la supuesta falsificación de facturas que permitieron la importación de principios activos/medicamentos, en asociación criminal, ulteriormente comercializados sin autorización, a nivel nacional, apelaron las medidas alternativas a la prisión concedidas a Patricia Ferreira y Nidia Godoy. Las mujeres son presidenta y directora de la empresa Insumos Médicos SA (Imedic SA) desde donde se habría realizado los hechos punibles.
La Fiscalía había solicitada la prisión preventiva para las imputadas.
Los representantes del Ministerio Público alegaron agravios generados por falencias argumentativas, incongruencias lógicas en el razonamiento y aserciones signadas por falta de veracidad, en los fallos impugnados.
FIANZA
La jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz decretó el arresto domiciliario de Ferreira y Godoy. Además, dispuso para Ferreira la prohibición de cambiar de domicilio, una fianza real que es un inmueble valuado en US$ 1.496.759 y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con los coimputados en la presente causa penal y con los testigos del proceso penal. Igualmente, se trabó embargo por la suma de dinero mencionada.
La magistrada argumentó su decisión alegando que no existe peligro de fuga ni obstrucción a la investigación en curso.
Mientras que los fiscales con relación a la acreditación del peligro de fuga, dictaron orden de detención preventiva, el 9 de junio del 2020, comunicada a la Comandancia de la Policía Nacional, a la que no se dio cumplimiento.
Desde el inicio del proceso los representantes legales de las imputadas han presentado varias chicanas para dilatar la investigación.