Desde la empresa Agroga­nadera Pindó SA informa­ron que se encuentran pre­parando el “sexto” pedido de desalojo de las 1.500 perso­nas que se encuentran ocu­pando de forma ilegal desde hace casi 9 años la propiedad. Al respecto, la representante legal de la firma, Margarita Colmán, indicó que entre esta y la próxima semana reitera­rán el pedido de expulsión, tanto al Ministerio del Inte­rior y la Comandancia, que deberán llevar adelante la orden de desalojo.

Asimismo, denunció a este medio que la situación de la estancia del mismo nom­bre, ubicada en Curuguaty, departamento de Canin­deyú, por la invasión, defo­restación y plantación de marihuana se encuentra totalmente descontrolada. Aseguró que los ocupan­tes han demostrado en rei­teradas ocasiones lo vio­lentos que pueden llegar a ser. Lamentó la desidia por parte del Gobierno Nacional, hasta con el Instituto Fores­tal Nacional (Infona), el cual detectó un salvaje tráfico de rollos en la locación.

Respecto a la situación de la ocupación y sus consecuen­cias, la abogada refirió que se encuentra totalmente des­controlada. Señaló que la tala de árboles nativos es impara­ble y que se está quitando lo poco que queda del bosque.

“Hay propiedades colindan­tes, también de la estancia, que fueron atacadas hace 2 meses, destruidas e incen­diadas, desde sus cimientos. En el interior de la propie­dad, a través de sobrevuelos de drones, se pudo constatar que dentro de los remanen­tes de bosques hay plantacio­nes de marihuana. Es prác­ticamente tierra de nadie”, comentó.

En tanto, el Ing. Rolando de Barros, ex ministro del Ambiente, señaló que desde hace 9 años la estancia Pindó es ocupada por invasores, cuya única finalidad es la deforesta­ción, porque han extraído los árboles nativos de mayor valor comercial. Indicó que todas las autoridades, incluyéndose a sí mismo, como ex titular del Infona y ex ministro del Ambiente, hicieron todos los esfuerzos posible en su tiempo con más de 10 intervenciones que no tuvieron su efecto.

“El caso de Pindó es una cues­tión política y que requiere la intervención de las fuerzas públicas. Todo el sector de la izquierda radical está insta­lado ahí, y con la venta de los productos que extraen del monte financian sus campa­ñas, pagan fiscales y autori­dades de la zona para mante­nerse en el lugar sin que sean expulsados”, comentó.