La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, estuvo como invitada del pro­grama “Fuego cruzado”, emi­tido por el canal GEN y con­ducido por los periodistas Augusto dos Santos y Ben­jamín Livieres. El tema abor­dado fue la situación dramá­tica de las penitenciarías del país ante la superpoblación por la falta de condenas, así como el trabajo que se realiza con la presencia de miem­bros de grupos criminales como el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho, de origen brasi­leño, así como el clan Rotela formado en Paraguay, que es todo un desafío.

-Nosotros estamos en emer­gencia penitenciaria con una prolongación por un año más (...), estamos en una situa­ción de contención teniendo en cuenta que no tenemos hoy mucho con qué trabajar más que contener hasta tanto se termine de construir y se pue­dan habitar las nuevas peni­tenciarías que están siendo construidas. Hacer nuevos centros no es algo que ten­gamos que aplaudir, pero es una necesidad apremiante y tenemos que tratar de traba­jar tratando a las personas que están condenadas, que es una arista muy importante porque el 75% de la población no tiene condena y el trabajo peniten­ciario se hace con quienes están condenados, el resto espera definir su situación. Sin embargo, hoy tenemos haci­namiento y sobrepoblación en un porcentaje bastante interesante; solamente tene­mos 9.500 plazas para hoy que tenemos un poco más de 14.000 personas privadas de libertad y así se dificulta tra­bajar, además de eso tenemos la presencia de los grupos de los criminales organizados.

-Trabajamos separándolos por pabellones y en algunos casos estamos convirtiendo los centros penitenciarios en su mayoría de uno u otro grupo, principalmente para evitar los enfrentamientos. El principal problema es el PCC y Rotela, nosotros tra­bajamos en ese esquema y hoy quisiera reservarme el dato, por un tema de seguri­dad no queremos dar, pero sí les puedo decir que hay un número importante de per­sonas expulsadas del PCC. Ellos tienen una suerte de dis­ciplina y cuando no se cumple se los excluye del grupo y eso genera algunos tipos de fric­ciones internas, entre ellos con lo que también tenemos que trabajar. Los Rotela, por ser locales, por supuesto son más numerosos.

-Siempre lo que sucede afuera tiene una repercu­sión interna. Nosotros tene­mos ese monitoreo externo, nosotros trabajamos en un grupo bastante cerrado de coordinación con la Policía, con las fuerzas de la Unidad del Crimen Organizado y el Antisecuestro y también con la Fiscalía, y lo que tiene que ver con drogas puntual­mente ingresa también la Senad, pero el trabajo dia­rio y más cercano es con la Policía en el intercambio de información de inteligencia penitenciaria, porque noso­tros también tenemos infor­mación de lo que pueda llegar a suceder afuera.

-El homicidio es una estra­tegia que ellos utilizan para quedarse, porque acá están un poco más cómodos de lo que estarían en Brasil, eso tenemos que reconocer; el objetivo es que no quieran quedarse acá, a eso quere­mos apuntar. Brasil tiene con nosotros por un lado una ventaja y por otro, una desventaja; porque noso­tros todavía no estamos en el estadio en el que ellos se encuentran, que es un sis­tema federal; tienen las cárceles federales que son de máxima seguridad, en donde ninguna persona con ningún nivel de peligrosi­dad quiere estar en un sis­tema de aislamiento de 22 horas diarias de las 24 que tiene el día.

-En este momento no, en este momento es al revés, hay expulsiones de para­guayos. En este momento estamos a la inversa, en una etapa de depuración de sus grupos, donde se está traba­jando en ejercer cierta disci­plina por inconducta y eso está generando expulsiones casi masivas.

-Tenemos un sistema judi­cial represivo, reactivo, como corresponde; el Ministerio Público interviene a partir de la comisión de un hecho punible, pero la política cri­minal del Estado también es netamente represiva; noso­tros tenemos muy poco trabajo preventivo, por eso tenemos una masificación de las perso­nas privadas de libertad.

-Un poco más de 4.000. De hecho nosotros como Estado tenemos que cuidar el cum­plimiento de los requisitos para la prisión preventiva, nosotros tenemos una ten­dencia a resolver las cosas con la prisión y ahí nos calmamos todos, cuando que recién ahí se inicia el proceso, cuando lo que hay que buscar es que las condenas sean efectivas, llegar a las condenas con ele­mentos de prueba suficientes con fuerza.

-Nosotros tenemos en algu­nos mayores avances, la construcción del penal sin equipamiento y tecnología debería estar en el mes de julio, el de Minga Guazú es el que está más ocupado, des­pués tenemos que equipar y dotar de tecnología, pero se debe esperar que termine la construcción.

-Si bien tenemos un Vicemi­nisterio de Justicia, las áreas en que trabaja tiene más que ver con derechos humanos y con acceso a la justicia y tene­mos la coordinación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que es ahí donde sí tenemos un rol determi­nante en lo que es un sistema anticorrupción sabemos que es clave para rendir cuen­tas y estar en un esquema de escrutinio público cons­tante. El esquema de la reforma judicial se estaba trabajando más bien con la estructura del Poder Judi­cial, las funciones adminis­trativas le restan bastante tiempo a los jurisdiccionales, se estaban enfocando desde ese ámbito. Y nosotros con la Fiscalía trabajamos en el tema de las investigacio­nes de los grupos del crimen organizado y la intervención, pero con el Poder Judicial tratamos con la depuración de los casos.

-Creo que hay varios puntos que hay que tener en cuenta, de acuerdo a la experien­cia. Uno es trabajar de una manera más eficiente entre la persona que está privada de libertad, y la que no está. Si hablamos de saturación de agenda de los despachos judiciales, tiene que haber una prioridad sobre las per­sonas que están privadas de su libertad. A fin de reducir el número de personas que están sin condena. (…) En cuanto a la eficiencia, sería recortar los plazos en ciertos casos. Los casos de flagran­cia no necesitamos tener 6 meses de investigación, para que luego pase otros 6 meses para resolver si nos vamos o no a juicio oral. El capítulo penitenciario está claro es un problemón que requiere medidas específicas.

-Ese mismo sistema que hace que las posibilidades de las personas, por ejemplo, con recursos, sean inmensa­mente superiores de lograr la libertad, que digamos en comparación a una persona de escasos recursos, por cómo funciona el sistema. En ese sentido, me gustaría insistir con una pregunta. ¿Realmente el Ejecutivo golpea las puertas del Poder Judicial, y le pide sentarse a hablar sobre un tema, o no hay esa comunicación? Yo como ministra tengo esa comunicación, soy un cáncer con los ministros de la Corte, y creo que muchas veces ya se me puede acusar de injeren­cia, porque insisto regular­mente tanto en los pequeños, como en los casos grandes.

-Tengo que decir que desde mi percepción particular y de haber pasado por ambos poderes; Poder Judicial, estuve en el sector privado, y ahora en el Poder Ejecutivo, creo que un elemento impor­tante en todo este esquema es la corrupción. Nosotros estamos en un tira y afloje constante, hablando con los ministros de la Corte, denun­ciando casos que inclusive se expone a la acción del Ejecu­tivo a una represalia. Hemos tenido casos graves, como la fuga de Pedro Juan, que fue a consecuencia de una intervención de un acto que creemos de corrupción de un órgano de Justicia. Enton­ces, hay que trabajar sobre la corrupción de los órganos y hay que elaborar estra­tegias de prevención de la corrupción, ya sea plasmarlo en documentos legales, en normas o cartas orgánicas, pero el Ministerio de Justicia tampoco puede hacer mucho.