­Margarita Colmán, representante legal de la estan­cia Pindó, ubicada en Curu­guaty, departamento de Canindeyú, sostuvo que es evidente que hay un acuerdo político para llevar ade­lante las invasiones de tie­rras, tanto en esta propiedad como en otras, y un fuerte apoyo político que incentiva a mantenerse en la invasión de la propiedad.

En ese sentido, considera que tanto el caso Marina Cué, que el Congreso Nacio­nal sancionó una ley de des­afectación de la reserva Yberá, así como la invasión ilegal de la estancia Pindó, son el estandarte de estos supuestos líderes campe­sinos, que lastimosamente cuentan con el apoyo polí­tico de senadores del Frente Guasu y el Partido Demo­crático Progresista (PDP) en específico. Prueba de ello es que los legislado­res de estas bancadas pre­sentaron el proyecto de ley que expropia las tierras de la estancia Pindó a favor de sus ocupantes ilega­les y está en estudio en la Cámara Alta.

“Evidentemente que hay un acuerdo político para lle­var adelante estas invasio­nes y fomentar otras más similares. Considero que estas dos invasiones son el estandarte de la causa de esta gente. Claro, con el apoyo político de los sena­dores del Frente Guasu y el PDP, porque no hay por dónde perderse. Porque van incitando e instando a otros grupos que vayan invadiendo otras tierras”, explicó Colmán.

Asimismo, indicó que mane­jan informaciones de que el mismo grupo político que sustenta la invasión de la estancia Pindó está ínti­mamente relacionado con el grupo político que está ubicado en la zona de Yasy Kañy, muy cerca a Pindó, ocupando la estancia de la familia Abente. “Ellos van haciendo células en distin­tas propiedades, pero todos forman parte de un mismo esquema político”, acotó.

Respecto a la situación de la estancia Pindó, señaló que la propiedad contaba con una importante extensión de bosque nativo, incluso supe­rior a la exigida por la ley ambiental. Indicó que antes de la invasión contaban con 3.000 hectáreas de bosques. Al momento de solicitar la licencia para la explotación del inmueble, esa cantidad de monte quedó fijada en 2.786 hectáreas y el restante de la propiedad se destinó a agri­cultura y ganadería.

Los propietarios del esta­blecimiento Pindó SA se encuentran analizando la posibilidad de presen­tar una vez más el pedido de expulsión de los inva­sores que se encuentran ocupando la propiedad desde febrero del 2012.

En reiteradas ocasiones han recurrido a la Fiscalía, la Comandancia de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior solicitando la expulsión de las perso­nas que hasta hoy en día ocupan un asentamiento ilegal, y que se caracteri­zan por ser violentos por­que ya cometieron varios hechos punibles, entre incendios y ataques a los trabajadores de la estan­cia.