Luego de que se diera a conocer a la luz pública el acuerdo que intentó negociar el gobierno vene­zolano de Juan Guaidó con la administración de Mario Abdo Benítez para que Para­guay pague la deuda que tiene con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) de forma irregu­lar y, en el que estuvo involu­crado el actual jefe del Gabi­nete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, volvieron a saltar los casos de corrupción donde se ha visto envuelto el ministro. La mano derecha de Mario Abdo incluso fue imputado.

Uno de estos casos más recientes y escandalosos tiene que ver con la com­pra de comisarías móviles que fueron sobrefacturadas durante su paso por la titula­ridad del Ministerio del Inte­rior. Los antecedentes devie­nen de abril del 2019 cuando se compraron muebles a cos­tos exorbitantes para equi­par las tres comisarías adqui­ridas a G. 493 millones cada una, totalizando una compra de G. 1.479 millones.

Dicho inmobiliario como se mencionó fue adjudicado por la cartera que en aquel entonces estaba encabezada por Villamayor, con pre­cios extremadamente altos, de hasta dieciséis veces por encima del monto que se manejaba en el mercado. De esta manera se adquirieron, por ejemplo, seis mesas para oficina a G. 7 millones cada una, cuando este ítem cos­taba solamente G. 435.000. Cabe destacar que las comi­sarías fueron financiadas con un préstamo del Banco Inte­ramericano de Desarrollo.

A pesar de que el caso fue muy sonado en su momento y que incluso la Coordinadora de Abogados presentó en su momento una denuncia, el caso investigado por varias instituciones, como la propia Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas, ha que­dado impune hasta la fecha.

En este sentido, también cabe recordar que la Secreta­ría Nacional Anticorrupción (Senac), a cargo del ex fiscal René Fernández, y la Audi­toría General del Poder Eje­cutivo realizaron una audito­ría especial al proceso. Este medio se comunicó con el ministro auditor Luis Car­dozo Olmedo, quien aseguró que se realizó un informe al respecto, el cual no pudo ser enviado a La Nación debido a que faltaba la aprobación de la Dirección de Transparencia.

El titular de esta institución tampoco quiso dar declara­ciones sobre el mencionado informe, argumentando que no tenía el documento en mano y por ello prefería omi­tir sus opiniones al respecto.

Cabe resaltar que este no es el único caso de sobre­facturación en el que se vio envuelto Villamayor, ya que fue uno de los representan­tes legales que defendió a los empresarios españoles de la firma Proibérica, que com­praron helicópteros para la Policía Nacional en el 2010, en el marco del caso donde fue procesado por la sobre­facturación de las máquinas Rafael Filizzola, ministro del Interior de Fernando Lugo.

La participación de Juan Ernesto Villamayor como defensor de personas acusa­das en el marco de casos irre­gulares no es algo que resulte desconocida, ya que en el caso de la firma española Ivesur, que demandó a la Munici­palidad de Asunción por la rescisión de contrato para la Inspección Técnica Vehicu­lar (ITV), Villamayor fungió como representante legal de la empresa que obligó a pagar a la comuna G. 2.656 millones por los propios honorarios del abogado.

Además, el actual jefe de Gabi­nete se vio envuelto en el caso del vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores, cuando fue acusado de reci­bir coimas de G. 1.000 millo­nes a través de contabilidad en negro. Finalmente, a comien­zos de este siglo (2002), Villa­mayor fue imputado por lesión de confianza debido a un des­embolso anormal de US$ 600.000 a un escribano parti­cular, Jorge Fernández Zaván, por la ampliación de capital de Copaco SA. Igualmente, fue imputado en el 2003 por un aparente desvío de G. 1.724 millones, que estaban inclui­dos en un crédito del Banco Mundial de US$ 12 millones para un plan de reforma del Estado paraguayo.