Mientras todavía sigue caliente el acuerdo secreto que se intentó llevar a cabo entre Petropar y la empresa argentina Texos SRL, salta nuevamente a la luz otro caso de intento de arreglo desde el Gobierno, denunciado como irregu­lar a nivel internacional. Ahora estalla otro nego­ciado, pero para pagar la deuda de US$ 260 millo­nes que la petrolera esta­tal tiene con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Según una investigación del diario estadounidense The Washington Post, el contrato que se pensaba firmar con la administra­ción del presidente inte­rino de Venezuela, Juan Guaidó, era irregular.

Dentro de este escena­rio, del lado del Gobierno Nacional sobresale la figura del actual jefe del Gabinete Civil de la Presi­dencia, Juan Ernesto Villa­mayor, quien fue la per­sona que se reunió con los representantes de PDVSA para negociar el acuerdo. De acuerdo con las declara­ciones del propio Villama­yor a este medio, el men­cionado acuerdo se empezó a gestar desde la primera visita de Guaidó al país a comienzos del 2019.

Villamayor dijo que durante su arribo al país el mandatario informó sobre un trabajo de iden­tificación y recuperación de activos que se encuen­tran fuera del territorio venezolano, que iba a ser llevado a cabo por parte de Javier Troconis, ex fun­cionario petrolero y repre­sentante del gobierno de Guaidó junto con un abo­gado argentino de nombre Sebastián Vidal, quien según la investigación del medio norteamericano iba a recibir el 20% del acuerdo (US$ 26 millones).

Villamayor dijo no recordar si esto ya estaba estipulado en la propuesta acercada al Gobierno paraguayo.

“No recuerdo, yo tendría que revisar los papeles, pero eso es un problema que tiene Venezuela con su abogado, no con nosotros”, expresó. Según Villama­yor, la propuesta fue recha­zada ya en aquel entonces debido a que el gobierno de Guaidó no tiene el con­trol total sobre el territorio venezolano.

“El acuerdo sería tremen­damente beneficioso si se hubiese podido llevar ade­lante”, sostuvo.

Por otro lado, Villama­yor descartó también que el arreglo haya sido pro­puesto por el Gobierno paraguayo. “Tal es así que en los papeles figu­ran todos los nombres de los venezolanos que even­tualmente iban a firmar, pero no están los nombres de los paraguayos porque ellos no sabían, eso lo único que deja en claro es quién generó el documento”, argumentó.

En este sentido, indicó que luego de la propuesta rechazada por el Gobierno Nacional, José Ignacio Hernández, ex fiscal gene­ral de Guaidó, solicitó los documentos al gobierno de Mario Abdo Benítez. Según Hernández, el contrato que se pretendía llevar a cabo entre ambos gobiernos era irregular debido a que se estaba realizando sin la anuencia de las autorida­des petroleras nombradas por el gobierno interino de Venezuela.

Villamayor descartó que se haya recibido otra pro­puesta oficial de arreglo con PDVSA luego de este caso. “Siempre hay alguien que aparece con alguna pro­puesta de llevar adelante porque habló con alguien en alguna parte, eso se escu­cha todos los días.

Pero nosotros al gobierno de Maduro no le reconoce­mos, por eso no podemos operar para pagarle a ellos. Al gobierno que le recono­cemos es el de Guaidó, que no tiene el control territo­rial de Venezuela. Efecti­vamente la deuda existe, pero no le podemos pagar a nadie”, puntualizó.

Por último, cabe recordar que el caso también se llevó a arbitraje internacional en el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comer­cio Internacional (CCI) de París, Francia, donde se reconoció a las autori­dades designadas por Juan Guaidó y se puso en pausa cualquier tipo de nego­ciación con el gobierno de Nicolás Maduro en el caso de la deuda con Paraguay.