El ex embajador de Paraguay ante el Vati­cano en Roma, Este­ban Kriskovich sostuvo que la Ley IVE, Interrupción Voluntario del Embarazo san­cionada en la hermana Repú­blica de Argentina, ha sido la peor legislatura que se haya sancionado en el mundo. Con­sideró además que la sanción de la normativa constituye un retroceso absolutamente negativo para los Derechos Humanos en la región y toda América Latina.

El diplomático lamentó que se sancionara esta ley que atenta contra la vida de un ser humano indefenso en el seno materno, en el nombre de un supuesto gran logro alcan­zado en materia de Derechos Humanos. Sostuvo que la nor­mativa argentina es de las más graves de las vigentes a nivel internacional, porque legitima o permite el aborto “impera­tivo a petición por cualquier causa hasta las 14 semanas. La mayoría de los países abor­tistas o tienen aborto por cau­sales específicas, o lo limitan hasta las 12 semanas. Esta ley la declara a simple petición, hasta 14 semanas”, indicó.

El doctor en Ciencias Jurídi­cas, señaló además que otros de los aspectos deplorable se esta iniciativa es que legitima o permite el aborto hasta el noveno mes, incluso de fetos viables (que ya pueden nacer) de 22 a 40 semanas, con la amplísima causal de supuesta “salud integral”, entendida como perfecta situación psí­quica y social.

Al respecto, señala que es el aborto contra personas con discapacidades físicas y men­tales, gravemente discrimina­torias y eugenésicas, en con­tradicción a lo que estipula la Convención de las Naciones Unidas, sobre los derechos del Niño y sobre la protección prenatal. “En Europa y Esta­dos Unidos se prohíbe luego de las 22 o 24 semanas; si se lo admite es limitado a grave necesidad por vida o salud física”, señaló.

Mencionó además que esta Ley obliga a realizar abortos a todo el personal de salud (médicos, enfermeras, etc.), bajo ame­naza de cárcel y otras sancio­nes. “Limita severamente la objeción de conciencia; se crea un delito de incumplimiento de requisitos de objeción de conciencia poniendo serias trabas a su ejercicio del pro­fesional de blanco”, mencionó el jurista.

Igualmente, indicó que esta normativa obliga a todo esta­blecimiento de salud a realizar abortos, sin respetar identi­dad institucional y personal. “No respeta el derecho funda­mental a la objeción de con­ciencia, obligando que todo su personal sea objetor para que el pueda ser ejercido, y aun así obliga a garantizar el aborto en la institución”, explicó Kriskovich.

Otro de los puntos que cues­tiona el profesional del dere­cho, es que la legislatura argentina cierra todos los caminos alternativos que se puedan mostrar a la mujer que desea abortar, con amenazas incluso de prisión para aque­llos que lo hagan. “Muchas leyes extranjeras prevén consejerías con opciones a la mujer, plazos de reflexión, ver ecografías, etc.”, acotó.

El doctor Kriskovich indicó que en el aspecto educativo, la ley sancionada en el vecino país, impone el aborto como contenido obligatorio de Edu­cación Sexual en primaria y secundaria. Así como tam­bién permite que las meno­res de edad aborten sin auto­rización de los padres.

“Esta legislación elimina del Código Penal los delitos de muerte de la mujer a conse­cuencia de un aborto consen­tido, y de quien haga abortos sin ser profesional de salud. No contiene prohibiciones sobre el destino de cuerpos o tejidos de fetos abortados; por lo tanto, podrían comerciali­zarse”, señaló.

En conclusión, el diplomático considera que en el Paraguay se debe insistir en la lucha por la vida, para evitar que se lle­gue a tratar una ley parecida a la de Argentina. Igualmente, señaló que el Estado debe analizar dentro del derecho penal internacional, la situa­ción de Paraguay, como país limítrofe de Argentina, para evitar que se produzcan “frau­des a la legislatura”, en el sen­tido de que compatriotas cru­cen la frontera para realizar el aborto en forma legal, asesi­nando a paraguayos no natos, indefensos.

“Es una situación muy deli­cada, que debe ser analizada, porque puede haber un fraude a la ley y atentar de esa manera el derecho a la vida de la per­sona por nacer. Como ocurrió en el pasado, que la gente cru­zaba la frontera para divor­ciarse, allá, eso es lo que se conocía como fraude a la Ley. Todo es posible, se debería articular los mecanismos ins­titucionales para defender a la persona por nacer”, comentó.