POR VÍCTOR CANO

En esta edición de Mano a Mano LN hablamos con la ministra de Justicia, Ceci­lia Pérez, a quien consulta­mos cuáles fueron los desa­fíos más importantes que enfrentó en materia peniten­ciaria, además de la presencia del coronavirus.

La alta funcionaria de Estado hizo un recuento de la situa­ción actual de la población privada de su libertad, los programas de reinserción, las tobilleras electrónicas y los obstáculos para su uso. Asimismo, destacó el trabajo coordinado, la eventual des­compresión con las nuevas penitenciarías y la “disminu­ción” de la población recluida, en términos relativos.

– En las condiciones de cri­sis penitenciaria, si bien no podemos afirmar que conta­mos con un tratamiento ade­cuado, sí podemos asegurar que la atención mejoró con­siderablemente, teniendo en cuenta que tuvimos un año con comunicación y diálogo hacia el interior de los centros con las personas recluidas, y pudimos aten­der sus reclamos procesa­les, principalmente, con la coordinación efectiva de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Defensa Pública.

También mejoramos la aten­ción en salud con la cobertura extra que tuvimos por la pan­demia del covid-19, que derivó en el aumento de los profesio­nales de blanco. En cuanto al trabajo penitenciario, pudi­mos visibilizar la producción de los internos a través de una página web de ventas al público. En los centros educa­tivos contamos con la exten­sión del apoyo de la AECID y el enfoque de justicia res­taurativa.

– Definitivamente fue afron­tar la crisis sanitaria conjun­tamente con la crisis peni­tenciaria. Nosotros tuvimos que congeniar y administrar emergencia sobre emergen­cia. Los problemas de segu­ridad no hicieron un parén­tesis durante la pandemia y debíamos administrar ambas crisis, sin que nos explotara una u otra.

La preocupación primero fue la eventual reacción negativa a las restricciones de las visi­tas y luego al ingresar el virus. En otros países hubo incen­dios, motines y fugas, y con el ingreso del virus muchos fallecidos. Por un lado, la pre­ocupación que se den episo­dios de violencia, y por otro lado, tener numerosos falle­cidos. No tuvimos ninguno de los dos.

– La población penitenciaria disminuyó, pero no de una manera numerosa. Habrá bajado en 1.000 personas pri­vadas de libertad aproxima­damente en la pandemia, pero ingresaban más o menos la misma cantidad. La persona recluida sin condena no es pasible de tratamiento. Esto nos dificulta mucho el trabajo, porque la mayoría de los que están privados de libertad son procesados, no condenados.

Lo más significativo del 2020 es latente, el proyecto que visibiliza la producción de las personas privadas de libertad y que en algunos casos involucra a empresas que han apostado a la mano de obra penitenciaria. Y para el cierre del año, la participa­ción en la feria del IPA que nos dio un espacio y una visibili­dad. Tuvimos muchas ventas.

– La estrategia es una tarea conjunta con otras entida­des del Estado y de la socie­dad también. Se debe atacar el origen del delito. Esta es una materia pendiente.

– Seguimos con la presencia de estas facciones crimina­les al interior y exterior de las penitenciarias, de hecho, es uno de los principales argu­mentos para la sanción de la extensión de la emergencia penitenciaria por otro año más. Iríamos hasta diciem­bre del próximo año.

La emergencia penitencia­ria era necesaria para seguir contando con el apoyo de las Fuerzas Militares y Policia­les, de hecho, trabajamos coordinadamente con un equipo bastante completo, por un lado de antisecuestro y por otro de crimen organi­zado donde también se invo­lucra a la Fiscalía. Esto nos ayudó a contener bastante en todo este tiempo.

– Antes de la pandemia está­bamos trabajando con el Ministerio del Interior; hay una situación particular que nosotros estábamos tratando de señalar como “obstáculo legal” y que se refiere a la facultad para intervenir en los casos de incumplimiento durante el uso de las tobille­ras. No es competencia del Ministerio de Justicia, sino de la Policía Nacional.

El trabajo con el Ministe­rio del Interior era necesa­rio para determinar qué tipo de tecnología se iba a utili­zar para hacer un programa piloto y eso quedó varado antes de la pandemia. Desde el 911 habían pedido tiempo para hacer el análisis del caso. Después, vino la pandemia y quedó paralizado. La idea es volver a reactivar este año para ver si podemos reto­mar la posibilidad de hacer planes pilotos, con quienes quieran ofrecernos tobille­ras sin costo hasta ver cómo funciona. A partir de ahí, ver quién nos podría financiar porque el Ministerio de Jus­ticia no tiene presupuesto.

– En el 2021 está previsto la terminación de las cons­trucciones de los tres nuevos centros penitenciarios. En algunos casos ya se encuen­tran con un 50% y otros con un 60% de avance de obras. Después, se debe dotar de equipamientos y tecnología a los recintos que no se puede hacer a la par. Está también la formación del personal que va a trabajar en esos centros, esto es un pilar de la reforma y las cooperaciones de Brasil y EEUU van a tener injeren­cia determinante.

También estamos trabajando en las necesidades del Insti­tuto de Formación Peniten­ciaria con aportes de coopera­ción internacional. Es preciso destacar la proyección de la mudanza de la legislación que debemos iniciar en el 2021 para poder presentarla al Congreso. En ese contexto, debemos desarrollar una gestión peni­tenciaria enfocada en las muje­res, que no tienen las mismas necesidades que los hombres.

“Los problemas de seguridad no hicieron un paréntesis durante la pandemia y debíamos administrar ambas crisis, sin que nos explotara una u otra”.

“También mejoramos la atención en salud con la cobertura extra que tuvimos por la pandemia del covid-19, que derivó en el aumento de los profesionales de blanco” .

“En el 2021 está prevista la terminación de las construcciones de los tres nuevos centros penitenciarios”.