POR JHOJHANNI FIORINI, periodista de investigación del GN

Licitación de G. 14 mil millones para cursos de capacitación de Sinafocal fue blanco de denuncias durante su proceso de evaluación por postulaciones de clanes. Director dijo que no admitiría amaño, pero terminaron favoreciendo a los cuestionados con la venia de la ministra Carla Bacigalupo.

Luego de las denuncias publicadas en este medio en torno a dos grupos de empresas que pertenecían a una misma familia y a una pareja de casados, el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), a cargo de Alfredo Mongelós y dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), decidió favorecer a ambos grupos con jugosos contratos. Esto trajo una veintena de protestas y denuncias en el portal de Contrataciones Públicas.

La numerosa serie de reclamos giran alrededor de los llamativos acomodamientos que realizó Sinafocal para permitir que las empresas con prácticas irregulares fueran adjudicadas. De esta manera, resalta entre los reclamos que una de las empresas vinculadas a la familia Durand (que se presentaban con firmas de diferentes nombres) fuera adjudicada con un contrato de casi G. 600 millones en el marco de la licitación de G. 14 mil millones para cursos de capacitación.

Asimismo, Sinafocal adjudicó a las empresas Integración Sudamericana de Informática, cuya representante legal es Fulvia González de Núñez, y a Ideal Solución Integral, cuyo representante es Gerardo Darío Núñez, matrimonio que se llevó en total G. 1.342 millones mediante dos empresas. Sobre este punto, hay que destacar que ya se había hecho una denuncia ante el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) señalando lo irregular del asunto con ambos grupos.

Sin embargo, DNCP justificó que no podría intervenir en el proceso debido a que seguía en etapa de evaluación. Por su parte, el titular del Sinafocal, Alfredo Mongelós, había asegurado a nuestro medio que las empresas vinculadas entre sí serían descalificadas, cosa que no ocurrió en su totalidad. “No tenían la facturación necesaria ni la cantidad de docentes, por lo que automáticamente ya fueron eliminadas estas empresas”, había dicho antes de adjudicar el llamado a ambos clanes familiares.

Pero semanas después aparecen beneficiadas las familias señaladas, mediante una adjudicación que cabe remarcar fue firmada por la ministra del Trabajo Carla Bacigalupo.

Ahora, tras la adjudicación de los contratos a 17 empresas por el monto total, son numerosos los proveedores que decidieron presentar protestas ante la decisión tomada por la institución dependiente del Ministerio del Trabajo. Las protestas por los mismos hechos fueron tantas que incluso la DNCP tuvo que recibirlas en el formato de “protesta acumulada”.

MALETÍN

A los reclamos por vínculos parentales se le suman ahora denuncias de acomodamiento que supuestamente realizó Sinafocal durante el proceso para que las empresas irregulares puedan ganar los millonarios contratos. Este es el caso del proveedor Ceeya Diosnel Bernal, a quien, según denuncias, se le han “redondeado” los valores de sus ratios de eficiencias para que “cumpla” con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones (PBC), mientras que con el resto de proveedores fueron más rigurosos en los números.

Igualmente, vuelven a saltar las protestas por la participación de empresas de maletín dentro del proceso licitatorio. Este es el caso de, por ejemplo, la firma Alemar SA, que también está vinculada con la familia Durand y que según el acta de verificación in situ del Sinafocal, la dirección que se especificaba en los documentos corresponde en realidad a la Asociación Radio Comunitaria 101.7 FM de la ciudad de San Antonio.

De hecho, el equipo de verificación fue recibido por el Sr. Juan Fretes Leguizamón y su esposa, quienes manifestaron que son dueños de la propiedad y que en la misma solo funciona la mencionada asociación. Además, aclararon que no tenían conocimiento del funcionamiento de la firma de la familia Durand. Esto no hizo más que levantar los ánimos de las empresas que quedaron fuera y decidieron presentar al unísono una serie de denuncias contra la adjudicación.