Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, mencionó que están en pleno proceso y tratando de recuperarse ante la crisis, atendiendo que al principio estuvieron tres meses cerrados totalmente, justo cuando se anuncia la intención de retroceso en la cuarentena. Piden al Gobierno defender a las empresas formales.
“Estamos buscando tratar de recuperar las empresas, sostener los empleos, y un pequeño retroceso para nosotros sería básicamente condenar a algunas de las empresas porque no van a poder sobrevivir”, expresó en el programa “Tempranísimo” de radio Universo y el canal GEN.
Señaló que ante los primeros rumores de un eventual retroceso de la cuarentena, rápidamente se comunicaron con algunos ministros, a fin de pedirles que si hay algún tipo de intención del Ejecutivo, defiendan a las empresas formales que están trabajando y que con mucho esfuerzo están haciendo bien las cosas. “En vez de ir un paso para atrás, que haya una cacería hacia lo informal, hacia aquellos eventos clandestinos, juegos de fútbol en las plazas, en donde se están dando el mayor número de contagios y que nos dejen trabajar a nosotros dentro del protocolo. Consideramos que estamos haciendo bien las cosas”, expresó.
Recordó que con la cuarentena social que se aplicó entre los meses de agosto y setiembre, la ciudadanía no tenía mucha confianza para acudir a los restaurantes, por lo que para el sector no es tampoco viable el que se establezcan horarios restrictivos. “En este momento estamos en una lucha tratando de cubrir salarios, y ahora buscando la forma de juntar el dinero para pagar aguinaldos, y volver a esa situación va a ser extremadamente crítico”, insistió.
Por tanto, pidió al Gobierno que si van a tomar algún tipo de medidas que va a afectar a las micro y/o medianas empresas, también deberían buscar una solución real de cómo podrían ayudarles. “Hasta hoy, el Gobierno no nos ha dado una solución a esto”, comentó. Reconoció que el Estado está también con problemas financieros, pero pidió que se tenga en cuenta al sector privado, que es el que va a pagar los US$ 1.600 millones del primer crédito que se aprobó con la Ley de Emergencia Sanitaria por el covid-19.