Con el arresto domiciliario que el juez interino Mirko Valinotti favoreció al empresario Justo Ferreira y a su hija Patricia Ferreira el pasado 27 de noviembre, se concretó el primer objetivo trazado por su defensa, con la complacencia del Ministerio Público y del juzgado consistente en evitar la prisión preventiva.
El primer paso de este plan fue ejecutado por el propio agente fiscal a cargo de la investigación, Osmar Legal, quien sugestivamente, y en contra de las prácticas usuales, requirió prisión preventiva pero no ordenó la detención preventiva de los imputados, lo que dio vía libre a las chicanas (incidente de nulidad de la imputación, reposición y apelación en subsidio contra la admisión de la imputación y fijación de la audiencia de medias, recurriendo en todos los casos hasta la CSJ), e impidió duramente todo este tiempo que se trate el requerimiento de prisión preventiva.
Luego de pasado varios meses, la semana pasada los mismos imputados que todo el tiempo evadieron la audiencia de imposición de medidas, solicitaron voluntariamente al juzgado de garantías que se fije la audiencia que tanto tiempo impidieron sea realizada.
Llamativamente, el hecho ocurrió cuando el juez original de la causa, Humberto Otazú, había salido de permiso, y le interinaba Valinotti. Puede verse que esto no fue casualidad, puesto que dicho magistrado fijó inmediatamente la audiencia de imposición de medidas y concedió a los imputados el arresto domiciliario, en contra del requerimiento fiscal, que había solicitado la prisión preventiva.