La Justicia una vez más demuestra que está a favor de los procesa­dos por hechos de corrupción y en un caso en el que se intentó jugar con la salud de los ciuda­danos de un país debido a que ayer, llamativamente, el juez penal de Garantías Mirko Vali­notti benefició al accionista de la firma Imedic SA, Justo Ferreira, con el arresto domi­ciliario, al igual que su hija Patricia Ferreira. La determi­nación del magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cau­telares llevada a cabo vía tele­mática, otro privilegio conce­dido al clan Ferreira.

Valinotti expresa en su reso­lución que “existe suficiente arraigo y han ofrecido una fianza muy importante que totalizarían casi US$ 1,5 millones y acreditaron su sometimiento a los manda­tos de la Justicia y agregaron constancia de vida y resi­dencia”, manifestó el magis­trado. Igualmente, tienen prohibido cambiar de domi­cilio y negada la posibilidad de salida del país”, indicó.

INNUMERABLES CHICANAS

El juez Mirko Valinotti justi­ficó su resolución señalando que “los hechos imputados por el Ministerio Público son considerados delitos, por lo que se puede otorgar el arresto domiciliario”.

En el presente caso, el citado magistrado no tuvo en cuenta las innumerables chicanas que planteó a lo largo de este proceso penal la defensa de Justo Ferreira, al igual que su hija Patricia, por lo que debe llamar la atención de los ministros de la Corte la pre­sente determinación judicial. Del mismo modo, otro hecho que llamó poderosamente la atención es que la audiencia de imposición de medidas se realizó vía telemática, ade­lantando lo que iba a resol­ver el juez Valinotti, que fue el arresto domiciliario para el clan Ferreira.

El fiscal Osmar Legal imputó al accionista de la firma Imedic SA, Justo Ferreira, y a su hija Patricia por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal tras la fallida compra de insu­mos médicos para el Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia del covid-19. Asi­mismo, semanas atrás la pro­pia Cámara de Apelación había ratificado la imputación contra los dos procesados.­

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