El Tribunal de Apelación integrado por los camaris­tas Gustavo Santander, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez ratificó la imputa­ción por los delitos de contra­bando, asociación criminal y producción de documento no auténtico contra Justo Ferreira, accionista de la firma Imedic SA, y de su hija Patricia Ferreira. Padre e hija chicanearon presentando la nulidad del acta de imputa­ción que en setiembre de este año ya fue confirmada por el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.

Ahora el magistrado Otazú tiene vía libre para fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cau­telares donde se definirá si Ferreira y su hija van a la cár­cel así como solicitó el Minis­terio Público. Ambos en base a presentaciones de chicanas siguen evitando someterse a la Justicia en el caso conocido como la compra de insumos médicos para el Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia por el covid-19.

El pasado 22 de setiembre de este año el juez Humberto Otazú rechazó el incidente de nulidad presentado por la defensa del imputado Justo Ferreira. En dicha oportunidad el magistrado fundó su fallo señalando que “el Ministerio Público ha identificado al proce­sado Justo Rubén Ferreira Servín, pues se han consig­nado sus datos personales, detallando sucintamente los hechos que se les impu­tan sobre la base de algu­nos elementos de sospecha e indicado el tiempo esti­mado para formular reque­rimiento conclusivo, por lo que no se ha vulnerado nin­gún principio al derecho de la defensa, teniendo en cuenta que la Fiscalía lo hizo dentro de sus atribuciones, de sus deberes conforme a lo que establece la ley”.

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OTROS PROCESADOS

En el presente caso tam­bién están procesados por el mismo delito que el clan Ferreira, Guillermo Molina, Gustavo Acosta, Mario Olmedo, Carlos Gamarra y Lauri Pohl. Para todos ellos se solicitó la prisión preven­tiva.

NO ORDENÓ DETENCIÓN

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Osmar Legal, quien imputó al accio­nista de la firma Imedic SA, Justo Ferreira, y a las demás personas, presunta­mente habría violado el artí­culo 240 del Código Proce­sal Penal, que habla sobre la detención y los requisitos para que la autoridad com­petente pueda ordenar la detención de un imputado.

La omisión de solicitar que sean buscados y detenidos por parte del fiscal Legal contra los imputados posi­bilitó que los abogados de los Ferreira puedan presen­tar varias chicanas y evitar someterse a la Justicia.

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