El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pro­mulgó la Ley 6.628 que esta­blece la gratuidad de los cur­sos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, norma­tiva conocida como aran­cel cero. La medida alcanza a los egresados de colegios públicos y subvencionados. Sin embargo, los estudian­tes del sector privado podrán solicitar la exoneración si se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El Ejecutivo tiene un plazo de 90 días para reglamentar la ley, que fue publicada ya el pasado 19 de octubre del 2020. Así lo confirmó el ase­sor jurídico de la Presidencia, Hernán Huttemann.

La normativa establece que los costos deben ser financia­dos por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarro­llo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

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Con esto, se estableció la gra­tuidad de los cursos de admi­sión y de grado en todas las universidades públicas del país, en el Instituto Superior de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Educación Supe­rior (ISE) y en institutos de formación docente depen­dientes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

En este sentido, se esta­bleció que los recursos del Fonacide serán distribui­dos de la siguiente manera: 25% al Tesoro Nacional, para programas y proyectos de infraestructura, 26% al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación, 25% a los gobiernos departa­mentales y municipales, 10% para el Fondo Nacional para la Salud, 7% para la capitali­zación de la Agencia Finan­ciera de Desarrollo (AFD), 7% para las universidades públi­cas del país, el Instituto Supe­rior de Bellas Artes, el Insti­tuto Nacional de Educación Superior e institutos de For­mación Docente, dependien­tes del Ministerio de Educa­ción y Ciencias.

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Cerca de 80 mil beneficiados

Integrantes de la Coordinadora de Estudiantes de la Universi­dad Nacional de Asunción (UNA) realizaron una serie de movili­zaciones a modo de ejercer presión para la aprobación de la ley por parte del Congreso Nacional. La normativa estaría benefi­ciando a unos 80 mil universitarios.

El representante de los estudiantes de la UNA, Sebastián Pereira mencionó que la mayoría se encuentra en una complicada situa­ción económica a causa de la pandemia del covid-19 por lo que aguardaban la promulgación de la ley.

Se estima que entre las ocho universidades públicas del país hay 80 mil estudiantes universitarios matriculados. El Estado nece­sita de US$ 31 millones de forma anual para dicha inversión.

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