El juez Penal de Garantías Gustavo Amarilla resolvió que Stiben Patrón y Efraín Alegre Irún, hijo del titular del PLRA, Efraín Alegre, sigan procesados por el delito de sabotaje del sistema informático en el marco de la investigación por la contaminación de la escena del crimen en la noche del 31 de marzo y 1 de abril del 2017, ocasión en la que falleció el joven Rodrigo Quintana.

Asimismo, el magistrado declaró la prescripción de los hechos punibles de frustración de la persecución penal y alteración de datos para los imputados, Olga María Paredes, Ramona Mabel Cantero, Fernando Cáceres, Stiben Patrón y Efraín Alegre Irún. Con esta resolución judicial quedan desvinculadas las tres primeras personas del caso, no así Alegre Irún y Patrón, pues ambos seguirán procesados penalmente por sabotaje a sistema informático.

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Amarilla señaló que se hizo un análisis y la imputación fiscal que se presentó pasado el tiempo que tenía el Ministerio Público para ejercer la acción, porque son hechos punibles que tienen un marco penal de hasta 3 años y “la imputación fue presentada 3 años y 4 meses después de la fecha de la supuesta comisión del hecho punible, con lo cual están prescriptos dos de los delitos”, argumentó. Agregó que ahora solo “nos queda continuar con el proceso por el hecho punible que no prescribió, que es sabotaje a sistemas informáticos contra los imputados Efraín Alegre Irún y Stiben Patrón”, sostuvo.

En su acta de imputación, el Ministerio Público sostiene que “Patrón y Alegre Irún habrían intentado inutilizar varios datos almacenados magnéticamente en las CPU, con las cuales son visualizados en las imágenes del circuito cerrado que, conforme al horario, habría ocurrido con posterioridad al fallecimiento de la víctima, a fin de impedir el acceso a la información contenida en las mismas”. La Fiscalía dice que ello constituye un hecho grave.

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Los padres de la pequeña Bianca ratificaron ayer que seguirán encadena­dos frente al Ministerio de Salud Pública hasta que haya un compromiso por escrito de las autoridades. También volvieron a cues­tionar al ministro Julio Mazzoleni.

“Nos costó mucho llegar a empresas y con el comu­nicado muchas dijeron no, todas las puertas nos están cerrando y nos están fundiendo la campaña”, lamentó en entrevista con canal Trece, Tania Maíz, madre de la niña de un año y diez meses de edad, que padece de atrofia muscular espinal (AME).

Sostuvo que ante la presión ejercida por la ciudadanía, las autoridades del Minis­terio de Salud se comprome­tieron a gestionar la compra del medicamento para el tra­tamiento de la menor, pero los padres esperan un docu­mento por escrito. Tam­bién aguardan que se com­plete el dinero requerido para la compra del fármaco (onasemnogene abeparvo­vec-xioi), cuyo costo está estimado en 2 millones de dólares (más de 14 mil millo­nes de guaraníes).

Este viernes último, a través del Viceministerio de Recto­ría y Vigilancia de la Salud, se emitió una nota dirigida a los padres de Bianca y fir­mada por el viceministro Julio Javier Rolón Vicioso, donde el Ministerio de Salud Pública manifiesta que asume el compromiso para gestionar el tratamiento necesario para la niña.

Los padres también piden al presidente, Mario Abdo Benítez, que se acerque a ellos y asuma el compro­miso de ayudarles a fin de seguir luchando por la vida de la pequeña. Destacó que la ciudadanía juntó G. 10 mil millones con venta de hamburguesas y gallinas, y que ahora el Estado debe hacerse cargo de los G. 4 mil millones que faltan.

“Muchas empresas se baja­ron, pero sentimos el amor de la gente porque nos traen agua, desayuno y hasta para el almuerzo, demostrando una luz de esperanza. El ministro no da un compro­miso, solamente dice que no le compete. Julio Mazzoleni no sirve para nada, ni para lavarse las manos”, agregó la madre.

Los padres de Bianca Abi­gail Patiño Maíz conti­núan encadenados frente al Ministerio de Salud y segui­rán con la medida de fuerza hasta tanto las autoridades del Gobierno cumplan con lo prometido y la niña reciba el tratamiento con el medi­camento Zolgensma, utili­zado en pacientes que sufren de atrofia muscular espinal (AME).

La Asociación de Familias con Atrofia Medular Espinal (AME) emitió ayer un comunicado de preocupación ante la inacción del Estado en el caso de la niña Bianca. Sostienen que otros pacientes también se encuentran en la misma situación y sin respuestas de las autoridades.

“Le recordamos respetuosamente que hay más de 40 niños aguardando respuesta del Estado paraguayo, esperando trata­miento, no solamente los son los casos mediáticos los que deben atenderse, sino la salud de todos los paraguayos en igual condi­ción de derecho, y sobre todo resguardando la salud de nuestros hijos, y esperamos comparta un mínimo de empatía con las fami­lias que sufren a ver a sus hijos morir por el avance de esta cruel condición genética”, dice el comunicado de la asociación.

Señalan que considerando los precedentes, decidieron impul­sar una acción que obligue al Estado a hacer funcionar el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress) a través de la cuenta que debe habilitar el Ministerio de Hacienda. Indican que de las patologías especificadas en la Ley Fonaress, solo AME y los enfermos renales no tienen una ley de financiación propia también, por lo que los fondos deberán asignarse a estas patolo­gías de facto. Lamentan que en este tiempo murieron ya 6 pacien­tes, sin haber sido atendidos en igual condiciones de derecho.

La jueza del departamento de Boquerón, Liz María Campuzano, analizará en la audiencia de revisión a desarrollarse este viernes si seguirá preso Fabio Santacruz, acusado de haber participado en el primer caso de sicariato en el Chaco, donde fue asesinado a tiros el mecánico Dieter Werner Federau, hecho ocurrido el 19 de febrero del 2018.

El abogado Pedro Palacios Ruiz Díaz, defensor del procesado, solicitó la revisión de medidas al Tribunal de Sentencia, que analizará si el acusado seguirá recluido o, en su defecto, recuperará su libertad. El escrito de la defensa de Santacruz menciona que existirían hechos nuevos, por lo que se solicitó la revisión de medidas cautelares.

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La revisión se realizará a las 8:00. Luego de la diligencia judicial, la magistrada Campuzano tendrá que decidir si confirma la prisión del acusado o se dispone su libertad. En su momento, la Justicia ya ratificó la prisión de Fabio Santacruz.

En la presente causa ya están acusados Rosalino Zeballos y Héctor Luis Pérez Fernández, quienes aguardan la fecha para el inicio del juicio oral y público. Por su parte, el abogado querellante, Víctor Lovera, pedirá a la jueza que se ratifique la prisión del acusado.

El fiscal Andrés Arriola presentó la acusación por homicidio doloso contra Rosalino Ramón Zeballos Brítez, Fabio Santacruz Mendoza y Héctor Luis Pérez Fernández, sospechosos del homicidio de Federau.

El representante del Ministerio Público explicó que cuenta con suficientes elementos para llegar a una condena contra los mismos. De acuerdo a la acusación: “Zeballos y Fernández ingresaron a la vivienda de Federau. Allí Zeballos procedió a realizar disparos contra la víctima, quien falleció a raíz de las heridas recibidas”.

Asimismo, se refiere que “Santacruz Mendoza contrató a Zeballos a los efectos de cometer el asesinato, proveyendo para ello la llave del domicilio de la víctima, facilitando así el ingreso de los autores del crimen”. Este hecho movilizó a toda la ciudadanía de Filadelfia, que hasta la fecha exige justicia por el primer caso de sicariato registrado en el departamento de Boquerón.

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