CGR auditará gestión de Vega, ex titular del Indert
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La Contraloría General de la República, a cargo de Camilo Benítez, auditará la gestión del ex presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Mario Vega, recluido e imputado por lesión de confianza, cohecho pasivo y cobro indebido de honorarios luego de una investigación de la Fiscalía por denuncia de coimas de US$ 200 mil para los trámites de títulos y el desembolso de dinero a la Fundación Cerro León.
El proceso de auditoría será realizado por el nuevo síndico interino de la Contraloría, Asa Javier González, quien mencionó que “venimos nosotros a tratar de transparentar, sanear la institución, siempre y cuando en las medidas de nuestras funciones colaborar para que toda esta institución se pueda transparentar. Es una institución muy golpeada, todos sabemos que está con mucha corrupción encima y con la nueva interina vamos a estar trabajando en la medida de nuestras posibilidades”.
González dijo que desde el organismo de control solicitarán informes respecto a las resoluciones firmadas por Vega.
“Comenzaremos a analizarlo y vamos a llevar a nuestro jefe los informes correspondientes para ver si amerita un estudio más profundo”, indicó.
Diputados solicita a la Contraloría auditar el MOPC sobre pasarela de “ñandutí”
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La Cámara de Diputados aprobó, en su sesión ordinaria de este miércoles, el proyecto de resolución que solicita a la Contraloría General de la República (CGR) la realización de una auditoría especial al Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC) sobre la construcción de la pasarela peatonal que une al Parque Ñu Guasu con el Comité Olímpico Paraguayo.
La “obra” denominada como “pasarela de la cultura” generó desde críticas y cuestionamientos hasta burlas en las redes sociales, tanto por el costo que llega a los US$ 2 millones como el diseño que, según el MOPC, se trata del ñandutí, sin embargo no llega ni a la similitud.
Este documento fue presentado por un grupo de legisladores de la Cámara Baja, en el cual se argumenta que la obra en cuestión merece ser auditada y que el ministro del MOPC, Arnoldo Wiens, debe defender el proyecto y el costo con transparencia, basado en criterios técnicos y estratégicos.
La obra fue realizada por la empresa Engineering SA y se trata de una estructura metálica abulonada desmontable, con un largo de 62 metros lineales por 3,5 metros de ancho, con revestimiento estructural realizada con chapas microperforadas, de acuerdo a la descripción.
En la exposición de motivos se aclara que la contratación fue realizada en el 2019, con un costo de G. 12.437.500.000, costo que fue ampliado dos veces: la primera vez el 30 de setiembre del año pasado por G. 1.004.437.796 y la segunda, el 28 de diciembre por G. 679.487.814, totalizando G. 14.121.425.610.
El Senado aprobó este jueves un proyecto de declaración para instar a la Contraloría General de la República (CGR) para revisar la ejecución de los préstamos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El Senado aprobó este jueves un proyecto de declaración para instar a la Contraloría General de la República (CGR) para revisar la ejecución de los préstamos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) del 2019 y 2020, atendiendo a que un porcentaje de los Fondos covid-19 fue destinado al ente estatal.
El senador Amado Florentín, de la Comisión Bicameral de Control de la Ley de Emergencia, cuestionó que un porcentaje de los recursos de la Ley de Emergencia fuera para obras, pero estas ya tenían rubros. Igualmente, se usaron los fondos covid para completar las financiaciones, por lo que esperan una revisión sobre los gastos.
El pedido obedece a que, como órgano de control, pueda establecer asignaciones presupuestarias en los diferentes proyectos del MOPC que son financiados por préstamos internacionales o con emisión de bonos, como sería el caso de los fondos de salud, que son de la Ley de Emergencia Sanitaria.
Subcontralor niega supuesta injerencia en informes de la Contraloría
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El subcontralor Augusto Paiva negó que haya obrado para beneficiar a algunas administraciones comunales en los informes de la Contraloría General de la República (CGR), como venían reclamando aparentemente varios intendentes. Paiva aseguró que en su carácter de subcontralor tiene la atribución de recibir tanto a autoridades municipales y departamentales.
“Desmiento y rechazo categóricamente cualquier acusación o insinuación de esa naturaleza, ya que el trabajo que venimos desarrollando desde el cargo se enmarca dentro de las atribuciones y funciones establecidas en el artículo 281 de la Constitución Nacional y en el artículo 3 de la Ley 276 de la Contraloría General de la República”, expresó.
El alto funcionario reiteró que dentro de las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional recibe en forma permanente a autoridades departamentales y municipales con relación a las Auditorías y Fiscalizaciones Especiales Inmediatas (FEI), por lo que dicha situación no debe ser interpretada, bajo ninguna circunstancia, como un hecho fuera de sus funciones.
Destacó además que las auditorías dispuestas por las gobernaciones y municipalidades son comunicadas con el detalle correspondiente de las autoridades designadas.
“En defensa de mi buen nombre y reputación, y en homenaje a mi trayectoria de más de 20 años en la función pública, desempeñando cargos relevantes tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, dejo en claro que estoy comprometido con el nuevo paradigma institucional liderado por el CGR, Camilo Benítez, de fortalecer los mecanismos de control y transparencia, y rendición de cuentas de los recursos asignados a las gobernaciones y municipios”, concluyó.
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