El apoderado de la ANR, Eduardo González, ratificó que existen todas las garantías necesarias y técnicas para asegurar la transparencia de la convención extraordinaria del Partido Colorado convocada para el próximo 14 de noviembre. El abogado, quien es parte de la organización de la convención, lamentó que el representante del movimiento Unidad Republicana, Juan Carlos Isasi, luego de la hora y media de reunión que mantuvieron no logró comprender o bien, ya estaba con una postura asumida previa a las explicaciones que se le brindó.
Isasi informó que presentarán un amparo para suspender la convención colorada, porque cuestionan el mecanismo poco transparente que, según el movimiento, no resulta lo suficientemente claro a la hora de transmitir en simultáneo y tampoco aseguran que se garantizará que los 1.137 convencionales convocados puedan dar su palabra en igualdad de condiciones y en orden.
Al respecto, González respondió asegurando que la convención obligatoriamente se tiene que llevar adelante, y cuidando los protocolos de seguridad. Indicó que tal vez Isasi al no tener mucha experiencia en convenciones desconoce los procedimientos. “Se hicieron trabajos previos a nivel nacional, repartiendo los kits, capacitando, etc. Técnica y jurídicamente la plataforma tiene las garantías de seguridad, y se le dio toda esa explicación correspondiente a él, lo que puede pasar es que él no tenga todo el bagaje y el conocimiento de la parte técnica electoral de la convención”, indicó.
Piden comicios de mujeres juveniles
El senador colorado Enrique Riera junto con varios líderes de la vieja guardia del Partido Colorado han firmado un comunicado dirigido al Tribunal Electoral Partidario (TEP) y a la Junta de Gobierno, solicitando la urgente convocatoria de elecciones de autoridades partidarias de la Junta de Gobierno de los jóvenes y las mujeres, antes del 30 de noviembre del 2020, juntamente con las elecciones municipales de la ANR. Así también solicitan la desconvocatoria de la convención partidaria por defecto de fondo y forma. Señalan que la convocatoria es ilegal, antiestatutaria e inconstitucional. Además, que el grupo de los firmantes rechaza la prórroga de mandatos, porque es inconstitucional y va contra el estatuto que claramente establece los mandatos por 5 años. Indican que si eso ocurre se corre el riesgo que llegado las elecciones generales se impugnen las candidaturas.