La Cámara de Senadores realizó ayer una sesión extraordinaria para dar un tratamiento exprés al proyecto de ley de resolución de insolvencia, a fin de aceptar el rechazo que le dio la Cámara de Diputados, y finalmente la pro­puesta del Ejecutivo fue enviada al archivo. Durante un cuarto intermedio de la sesión ordi­naria, los senadores resolvie­ron allanarse a la objeción de la Cámara Baja y con ello se dio fin al polémico proyecto de actualización de la Ley de Quiebras de 1969.

Dicha iniciativa había sido apro­bada por el Senado en julio de este año; sin embargo, recién esta semana tomó notoriedad pública y fue blanco de críti­cas y cuestionamientos por las estrictas disposiciones para los deudores a entes financieros e incluso prestamistas y usure­ros. Tras el unánime rechazo de Diputados, los senadores reco­nocieron el “error” y decidieron llevar al archivo el proyecto.

El Ejecutivo presentó el pro­yecto en el marco de las reco­mendaciones del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat) para apro­bar la certificación a los países que luchan contra el lavado de dinero.

El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor sostuvo ayer que se debe de abrir un “debate sincero” si realmente se quiere seguir manteniendo la estructura actual, con respecto al polémico proyecto de ley de insolvencia que el Congreso envió al archivo.

En primer lugar aclaró que la iniciativa no tiene nada que ver con Gafi­lat, porque se comenzó a trabajar en el 2011, pero se profun­dizó en el gobierno anterior. “Tal vez el calendario electoral no les permitió presentar, entonces el año pasado presenta­mos. La idea es que el sistema permita al deudor llegar a un acuerdo privado y que les permita seguir funcionando. Yo respaldo como una buena idea a título personal porque la idea es que el deudor siga operando”, aseveró.