La diputada Celeste Amarilla, quien fue suspendida por 60 días sin goce de dieta por el pleno de la Cámara Baja el 7 de octubre pasado, alzó una foto en sus redes sociales, disfru­tando de su piscina en su casa de verano de San Bernardino, que ocupa parte de una calle y la playa pública, según la denuncia de sus vecinos, que ya trascendió en enero del 2019. La legisladora del Par­tido Liberal Radical Autén­tico (PLRA) publicó una foto en Twitter, ostentando su pis­cina en la villa veraniega y los internautas no tardaron en responder que usurpó parte de la vía pública para la cons­trucción.

El año pasado, la propia Amarilla había admitido a través de la misma red social que el piso de piedra de 3,07 x 9 metros está fuera del terreno.

Parte de la pileta de la legisladora está ubicada en la vía pública.FOTO:ARCHIVO

Amarilla respondió a algu­nos de los internautas y ella misma admitió que su pileta se encuentra en la vía pública, como se había denunciado en su momento. Ella se había comprome­tido a solucionar el incon­veniente, pero todo quedó en la nada.

“Sí, la misma la que hice en una calle. Tengo que podar el jazmín, lavar las cortinas del muelle, lavar los edredo­nes y frazadas para guardar, barnizar las reposeras. Se me adelantó el trabajo, esto hacía en enero y ahora lo haré en octubre”, ironizó la diputada en sus redes socia­les.

Tras varias publicaciones de nuestro diario sobre la polé­mica piscina de la legisla­dora, se hizo una medición municipal con presencia de un profesional del rubro en representación suya. En aquel entonces ella se comprometió a solucionar el problema, pero hasta el momento nada de eso suce­dió y sigue ostentando su pileta ubicada en la costa del lago Ypacaraí en San Ber­nardino.

Los topógrafos de la muni­cipalidad local como el inge­niero que llevó la diputada coincidieron en que la pis­cina está en la calle y ocupa parte de la playa pública. En su momento se labró un acta entre ambas partes y fue enviada al Juzgado de Fal­tas de la ciudad para avanzar con el proceso de desocupa­ción, hasta que la parlamen­taria pueda liberar el espa­cio público, pero a casi dos años nada de eso sucedió.

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