Con el objetivo de fomentar el desarrollo de relaciones científicas y culturales de cooperación entre el Ministerio Público y el Consejo de Seguridad Ciudadana, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y César Augusto Luna, por la asociación civil Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana, firmaron un convenio marco de cooperación con el propósito de diseñar y ejecutar acciones para el intercambio de experiencias en el desarrollo de actividades de cooperación interinstitucional.
Mediante este convenio se establece un intercambio de información sobre recursos, programas de formación y proyectos y desarrollo con las comunidades de San Antonio, Mariano R. Alonso, Ñemby, Capiatá, Luque, Areguá, Villa Elisa y Asunción.
“El Ministerio Público busca el acercamiento continuo de la institución con la comunidad, tenemos varios esfuerzos realizados que ahora con la pandemia se vieron demorados, pero estamos retomando nuevamente los diferentes trabajos de comunicación con la sociedad.
Celebro este trabajo porque va a significar que la comunidad y que mediante eso ustedes van a estar más cerca de nosotros, en permanente contacto y que a través de ustedes, que son líderes en su comunidad, podamos llegar a más compatriotas”, señaló Quiñónez.
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LN PM: edición mediodía del 1 de mayo
Aumento en recaudaciones ayudará a alcanzar planes de convergencia fiscal, afirma ministro
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.
El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.
Trabajo de calidad es una “deuda urgente” en América Latina, según informe del BID
Cuando este 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, un contundente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que a pesar de que en América Latina y el Caribe hay empleo, “es urgente aumentar su calidad”, más aun teniendo en cuenta que la última edición del Índice de Mejores Trabajos de la organización internacional coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100.
La misma fuente agrega que el estudio realizado incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras. Por si fuera poco, el documento también evidencia un hecho de injusticia: las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.
Fiscalía, Ministerio del Interior y CSJ apuntan a establecer una política integral penal
El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ, habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.
“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a la seguridad y al servicio de justicia en nuestro país”, explicó Martínez y reiteró que el trabajo de las tres instituciones está vinculado.
Detuvieron a joven tras 8 asaltos a Biggie
El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, logró la detención de Miguel Ángel Cáceres López, quien contaba con una orden de captura pendiente por robo agravado a locales comerciales de Biggie de Asunción. Pese a que intentó huir, los efectivos lograron capturarlo y fue puesto a disposición de la Fiscalía.
La detención se produjo alrededor de las 16:30 de este martes 30 cuando agentes de la Policía Nacional, luego de una tarea de investigación, se trasladaron hasta la calle India, en el barrio tablada de la ciudad de Asunción donde lograron ubicar al hombre. Los efectivos policiales además incautaron una motocicleta. Con apenas 19 años, Cáceres López cuenta con ocho antecedentes por robo agravado, todos ellos a locales comerciales de Biggie ubicados en Asunción.
Traslado aéreo desde el Chaco salvó la vida a una paciente
Una mujer que se encontraba en estado grave de salud en Fuerte Olimpo fue trasladada hasta Itauguá en una avioneta. El tiempo ahorrado permitió salvarle la vida. La demora en la atención suele ser uno de los factores que impide que pobladores distantes de la capital o de Central puedan recibir atención adecuada. Casos similares se escucharon una infinidad de veces. Sin embargo, esta vez la historia fue distinta, como debiera darse siempre.
Ocurrió en Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, donde una paciente con diagnóstico convulsivo fue trasladada en una avioneta hasta el Hospital Nacional de Itauguá. La disposición de la aeronave es parte de un convenio entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Paraguaya. Todo bajo las directrices del Seme (Sistema de Emergencias Extrahospitalarias).
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Alerta de bomba en el aeropuerto: Fiscalía determinará jurisdicción del caso
Ayer domingo se desarrolló un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi luego de que un pasajero que acababa de abordar un avión con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, manifestara que tenía una bomba en su equipaje de mano.
“Estamos asumiendo la conducta bajo varios códigos penales, pero también vamos a tener en cuenta el lugar del hecho, se realizó dentro de una aeronave con matrícula argentina eventualmente nosotros podríamos ceder la intervención a la justicia argentina o tomar la jurisdicción para formular lo que corresponda al derecho, pero estamos analizando las opciones”, dijo el fiscal del caso Federico Delfino en comunicación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
Aseguró que si la Fiscalía paraguaya llega a quedarse con el caso, el ciudadano argentino podría ser imputado por cargos como producción de riesgos comunes, coacción y coacción grave, eso sin contar las sanciones pecuniarias y administrativas que podría aplicar la Dinac como ente regulador aeroportuario, pudiendo inclusive prohibir que este hombre vuelva a volar con destino a Paraguay desde cualquier destino y viceversa.
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Tras la amenaza de bomba el capitán de la aeronave alertó a la torre de control y se activó el protocolo de seguridad, empezando por suspender el vuelo. La aeronave fue aislada a la zona de seguridad y posteriormente a la detención del pasajero que mencionó que portaba un explosivo se procedió a la evacuación de los más de 150 pasajeros y la tripulación, quienes fueron nuevamente inspeccionados al igual que sus equipajes para descartar cualquier amenaza.
Si bien se descartó la presencia de algún explosivo minutos después de haber iniciado el protocolo de seguridad, el pasajero identificado como Guillermo Bertolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina quedó bajo custodia policial en la Comisaría 3ª de Luque a disposición del Ministerio Publicó y las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quienes ahora deberán decidir la manera de proceder ante el hecho.
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Plantean que el Estado tenga su propia flota de buses
El senador José Oviedo presentó este viernes un proyecto de ley que plantea la creación de la Secretaría Nacional de Transporte (Senatran) y la Empresa Nacional de Transporte Público de Pasajeros (Enatrapp), a fin de ordenar el tráfico urbano y suburbano, mejorando el servicio público de transporte de pasajeros.
“Queremos que el Estado preste el servicio y ya no depender de los chantajes de las empresas privadas, que entre a competir. Tendrá su itinerario tanto en el área metropolitana y rural, es un proyecto que pretende solucionar definitivamente el problema del transporte público. Yo espero contar con el consenso necesario para su aprobación”, puntualizó Oviedo en una conferencia de prensa.
La propuesta indica que la Senatran será un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, de derecho público, con domicilio en Asunción. La estructura orgánica básica estará conformada por el Gabinete del Ministro Secretario de Transporte, la Dirección General de Planificación de Transporte, la Dirección General de Transporte Metropolitano y la Dirección General de Transporte Nacional e Internacional.
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Permisos otorgados hace 70 años
En la exposición de motivos la iniciativa refiere que “el transporte público de pasajeros a nivel urbano y suburbano es de pésima calidad en toda la República y en particular en el área metropolitana de la ciudad de Asunción, donde se concentra el mayor volumen de tráfico de pasajeros urbano y suburbano del país”.
Asimismo el documento indica que “la actual modalidad de transporte público de pasajeros urbanos y suburbanos se basa en concesiones, en general permisos otorgados hace 70 años y más, sin existir un plan de tráfico y transporte público urbano y suburbano, principalmente para el área metropolitana de la ciudad de Asunción”.
La propuesta sostiene además que “mientras que la Ley de Concesiones establece que ninguna concesión, o permiso, podría prolongarse por más de 30 años, la mayoría de los itinerarios concedidos a empresas privadas llevan mucho más de tal plazo de tiempo. Pero lo más grave es la pésima calidad del servicio y la congestión que se verifica en el AMA, en Ciudad del Este y su área metropolitana, principalmente, debido a la falta de una adecuada planificación”.
Fondos actuales del transporte
Mientras que la Enatrapp se constituirá como empresa pública, autárquica, descentralizada de la Administración Pública, de duración ilimitada, con personería jurídica y patrimonio propio, prestador del servicio de transporte público de pasajeros en las áreas urbanas y metropolitanas de Asunción, cabeceras departamentales y demás centros urbanos del país que lo requieran.
El proyecto mencionada que la firma se financiará con sus propios recursos y los fondos previstos del Tesoro, que actualmente se destinan al sistema de transporte público. Desde el inicio de la prestación del servicio, la totalidad de los ingresos y egresos provenientes de sus servicios serán administrados única y exclusivamente por la Enatrapp, que está plenamente autorizada para contraer créditos y realizar todas las actividades propias de su función, según las normas establecidas en esta ley y la legislación vigente.
Agrega que la empresa será administrada por un presidente, designado por el Poder Ejecutivo, y por un Consejo de Administración, integrado por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Senatran y por un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. También lo integrará un representante de la Contraloría General de la República, con voz pero sin voto.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.