La diputada colorada Cristina Villalba, representante de Canindeyú, pidió a las autori­dades del Gobierno hacer res­petar la Constitución Nacio­nal y cumplir con las leyes respecto a la ocupación que se da en la estancia Pindó desde hace más de 8 años de inva­sión a la propiedad privada, por parte de supuestas fami­lias sin tierras. En ese sen­tido, señaló que si bien una buena parte de esta pobla­ción no tiene tierras efecti­vamente, existen entre ellos algunos que se dedican a la invasión de la propiedad pri­vada buscando expropiar para luego sacar provecho.

Asimismo, señaló que ella reconoce que en la comuni­dad que se instaló en forma ilegal en la propiedad privada hace 8 años existen personas que son realmente sujeto de la reforma agraria, y están con necesidad de la falta de tierra. “Pero también no podemos ocultar que hay gente, que encabezados por seudolíde­res que impulsan las invasio­nes en el departamento, apro­vechándose de las necesidad de la gente”, indicó.

Ante esta situación, la dipu­tada Villalba solicita al Gobierno buscar una solu­ción definitiva a este pro­blema. “Nosotros queremos y exhortamos a las autorida­des que tienen a su cargo a que trabajen en esto para dar una solución y hagan que vuelva la paz a esos asentamientos, en esas tierras que son legíti­mamente propiedad privada y en forma ilegal están siendo ocupadas”, acotó.

La parlamentaria señaló que ella acompañó en varias oca­siones a la representante legal de la Agroganadera Pindó SA, a fin de solicitar a las autori­dades del Ministerio Público y la Comandancia de la Poli­cía que se cumpla la orden de desalojo, que hasta la fecha no se ha cumplido.

“Hace dos días que ando lla­mando a la Comandancia, no me están atendiendo el telé­fono, porque me preocupa esta situación y quiero darle una solución, conociendo y sabiendo que hay un grupo de ciudadanos que se hacen lla­mar campesinos sin tierras, pero es obligación del Estado saber si esta gente realmente necesitan. Pero ponen como excusa para no hacer los des­alojos el tema del covid-19, pero no sé por qué no se hizo antes, hay una falta de voluntad para hacer los desalojos”, lamentó.

Tres mujeres que están ocupando de forma irregular la estancia Pindó enfrentarán un juicio oral y público tras ser acusadas por el delito de invasión de inmueble ajeno. Se trata de Ana María Santander, Rosana Mabel Bareiro Dávalos y Angélica Silva.

Mientras que Jorge Mercado Méndez, líder del asentamiento Primero de Marzo, ubicado dentro del establecimiento; Emilio González Martínez, Richard Escobar, Félix Irala Paredes, Anastasio Jara Franco y Reinaldo de Jesús Irala Paredes, principales acusados por la invasión al predio, siguen “prófugos” de la Justicia.

Todos ellos cuentan con orden de captura nacional, pero no son detenidos a pesar de que se encontrarían dentro del asentamiento levantado ilegalmente en la estancia Pindó. Los invasores de Pindó SA admitieron en un documento firmado ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ser ocupantes ilegales de las 4.499 hectáreas. El escrito se firmo el 10 de setiembre del 2012 a las 10.00. Asimismo, en el mismo documento los campesinos agrupados en la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) reconocieron la legalidad de los títulos dominicales a favor de la Ganadera Pindó SA. Igualmente, en una parte del escrito señalan los ocupantes reconocer como legítimos propietarios a la empresa Ganadera Pindó SA y Perfecta SA.