Derlis Alcides Céspedes, ex ministro de Justicia y Trabajo (2005-2007); Julio Javier Ríos, ex ministro de Justicia (2018-2019), se presentaron para intervenir como representantes legales en la causa hangar Arrayán, ubicado en Areguá, que días atrás fue allanado por los fiscales de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Alicia Sapriza y Marcelo Pecci, en el marco de la investigación de una presunta implicancia en el mencionado sitio con la liberación del líder paraguayo del grupo criminoso Comando Vermelho, Jorge Teófilo Samudio, más conocido en el ambiente delictivo como “Samura”, prófugo de la Justicia desde el 11 de setiembre del año pasado.
Céspedes se presentó como abogado del dueño del hangar, Gustavo Enrique Bogado, en cuya propiedad fueron encontrados ocho avionetas y un helicóptero. Esta última máquina tenía inscripciones del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
El mencionado helicóptero es de la empresa argentina Beech Flying SA, propiedad de Leonardo Spokojny. Y fue precisamente este empresario quien requirió los servicios de Julio Javier Ríos, ex ministro de Justicia, que había dejado el cargo a raíz del escándalo.
Ríos fue quien precisamente renunció a su cargo tras la liberación de “Samura”, el 11 de setiembre del 2019, cuando un grupo comando liberó al reo tras su comparecencia en el Palacio de Justicia de Asunción. El hecho le costó la vida al comisario Félix Ferrari, quien recibió varios balazos por parte del grupo armado que se llevó a Samudio.
Lo llamativo de este caso es que en la misma causa, en la cual se investiga la liberación de “Samura” que le costó el cargo a Julio Javier Ríos, este toma intervención como abogado defensor del dueño de una aeronave que estaba depositada en un hangar que estaba bajo sospecha por vínculos con el narcotráfico y vinculado al caso Samudio.
Cuando “Samura” fue liberado por miembros de su grupo, el ex ministro no se encontraba en el país, pero llamó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a quien le presentó por teléfono su renuncia.
Según el fiscal Marcelo Pecci, el viernes último, Julio Javier Ríos presentó una serie de documentaciones sobre el mencionado helicóptero a pedido de su cliente, quien a varios medios de comunicación de su país negó toda participación en hechos de narcotráfico u otros hechos delictivos.
El helicóptero se trajo al país el 31 de marzo del 2019, para reparaciones, ya que había llegado a sus 12 años de uso y que desde esa fecha no estaba operativo para vuelo.
La razón por la que esa máquina se trajo hasta ese lugar (el hangar Arrayán), según alegaron, es por el bajo costo en el presupuesto para la reparación, ya que en los hangares del Silvio Pettirossi duplicaron y triplicaron en el monto.