La fiscala Victoria Acuña rea­lizó la acusación y solicitó el elevamiento del caso a juicio oral y público para la esposa del diputado Miguel Cuevas, Nancy Florentín de Cuevas. La mujer fue imputada por el Ministerio Público por cobro indebido de honorarios en los meses de agosto y setiembre del 2018.

“Hemos presentado ya las pruebas que consideramos pertinentes y solicitamos la elevación de juicio oral y público”, anunció hoy Acuña. La Fiscalía sostiene que Nancy Florentín ocasionó un perjui­cio patrimonial al Estado para­guayo, en particular al Minis­terio de Educación y Ciencias que asciende a la suma de G. 9.668.882, suma que cobrada por los dos meses, sin asistir a su lugar de trabajo.

Victoria Acuña fue designada por una recusación del fiscal Luis Piñánez para continuar en la causa que tiene abierta al diputado Cuevas, su esposa Nancy de Cuevas, y su hijo Enzo Cuevas.

La representante del Minis­terio Público mencionó que presentaron la acusación en contra de Florentín sobre el hecho punible de cobro inde­bido, atendiendo que la misma siguió percibiendo una remu­neración sin presentarse a su lugar de trabajo.

“Con relación a la señora Nancy de Cuevas hemos pre­sentado una acusación por cobro indebido de honorarios en razón en que la misma fir­maba el cuaderno de asisten­cia en la institución educativa donde prestaba servicio; sin embargo, ella no asistía a dicha institución”, refirió Acuña.

La Fiscalía pidió el sobresei­miento provisional de Enzo Cuevas, hijo del diputado Miguel Cuevas, investigado por enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice. La solicitud de la fiscala Vic­toria Acuña es hasta que culmine la investigación a su padre, el legislador impu­tado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

Enzo Cuevas fue investi­gado también por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por aparentes omisiones de bienes y cuentas, y había sido beneficiado con medi­das alternativas a la prisión. Además, había sido investi­gado otro hijo del parlamen­tario, Adilson Cuevas.

De acuerdo con el Ministe­rio Público, los herederos se encontraban bajo la lupa en carácter de cómplices por los bienes que suscribieron a sus respectivos nombres.