La representante legal de la Agroganadera Pindó SA, abogada Margarita Colmán, asegura que no es la primera vez que políticos incitan mantener la invasión de las tierras. Sostuvo que el problema en la estancia Pindó data de la época del gobierno de Fernando Lugo, actual senador del Frente Guasú, y desde entonces, existe una total falta de voluntad del Estado en hacer respetar el derecho a la propiedad privada.
La profesional indicó que se sienten totalmente violentados en sus derechos, más aun ahora que senadores de la Nación, son los principales alentadores de esta invasión incluso promueven el ataque directo a todos los gremios a los producción. “A nosotros ya no nos extraña que ocurran estas cosas dentro de nuestra estancia, ya que no es la primera vez que estos representantes del pueblo paraguayo, que tienen la investidura de senadores están haciendo este tipo de arengas. Esto ya es una repetición de algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo”, sostuvo.
En ese sentido, mencionó que la estancia Pindó fue invadida en febrero del 2012, en coincidencia con la invasión de campos Morombí, que luego se produjo el desalojo violento y las muertes en Curuguaty. Indicó que tras ese hecho, todas las otras invasiones quedaron impunes y ya no se volvió a ordenar ningún desalojo. Aseguró que no es solo la estancia Pindó la afectada.
“Nos sentimos violentados en todo lo que es el respeto al derecho de la propiedad privada, y esto es un ataque directo a todos los gremios de la producción. Porque somos todos los propietarios, ganaderos, agricultores, que damos trabajo a los paraguayos los que estamos siendo atacados, no es solo la estancia Pindó la afectada”, añadió Colmán.
FALTA DE VOLUNTAD DEL ESTADO
Mencionó además que ellos cuentan con 5 órdenes de desalojos que fueron entregadas tanto a la Comandancia de Policía, como al Ministerio del Interior y hasta hoy en día ninguna de ellas fueron ejecutadas. “Esto no es nada nuevo, hemos recurrido a varios senadores y diputados, que en su momento ya trataron esta situación en el plenario del Congreso Nacional, solo que no se le estaba dando la connotación que hoy en día con la presencia de estos legisladores arengando a los invasores. Tenemos 5 órdenes de desalojo que nunca se ejecutaron a través de las autoridades responsables. Es como que existe una absoluta falta de voluntad política del Estado paraguayo para dar una solución a esta problemática”, sostuvo la abogada.
El área ocupada corresponde a unos 4499 hectáreas, de las cuales 2786 há eran una reserva privada de bosques, que a la fecha está prácticamente desmontada, por la tala indiscriminada de árboles y el rollotráfico, según indicó Colmán. Mencionó que existirían alrededor de 1.500 personas los que estarían ocupando esas tierras.