El Poder Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, refutó las acusaciones de Amnistía Internacional y las calificó de inoportunas, con desconocimiento de la realidad y que la motivación presuntamente sería la de notoriedad de la organización, alegó respecto a la publicación titulada “Cuando la cuarentena se vuelve represión: cuarentena obligatorias durante el covid-19 en las Américas”.

“Los asesores de Amnistía no han leído la Constitución, tampoco han leído las leyes de la República”, expresó y dejó en claro que, a su parecer, “tienen un criterio muy selectivo para realizar el análisis de circunstancias”. Villamayor expresó que las decisiones adoptadas de restricción de la circulación y la aplicación de códigos para la movilidad, impidiendo el tránsito de ciudad a ciudad, limitando la movilización de potenciales transmisores, se dieron desde el punto de vista de la salud.

Amnistía Internacional sostiene que Paraguay, entre otras cosas, socavó los derechos humanos y constitucionales en el marco de la pandemia del coronavirus, particularmente en los albergues. Amnistía recabó información de que presuntamente hubo personas que habían estado sometidas a una cuarentena estatal obligatoria durante un periodo muy superior a 14 días y que hubo personas que llegaron a estar más de un mes en estos centros, indica el informe.

Amnistía sostiene que las personas recluidas en estos centros no tenían suficiente acceso a información sobre el tiempo que iban a permanecer detenidas ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento. Reiteran que los Estados deben garantizar que la decisión de poner a una persona en cuarentena no es arbitraria y que existe un límite en el tiempo de reclusión de una persona, que debe especificarse claramente en la ley y seguirse en la práctica.