Ciudad del Este. Gustavo Galeano. Corresponsal.
No caben dudas de que el megacontrabando de cemento que salpica a dos concejales del Guairá tengan un soporte político bastante poderoso juzgando los datos de otras personas ligadas al último cargamento incautado el viernes pasado en la ciudad de Salto del Guairá. Informaciones arrimadas hasta la redacción del Grupo Nación señalan que el esquema es más grande de lo que en principio tomó estado público con la aparición del concejal departamental Víctor Hugo Ortigoza (ANR-Añetete) y el edil comunal Óscar Rubén Martínez Melgarejo también colorado Añetete, como presuntos responsables de las 100 toneladas de cemento brasileño que ingresó en negro a nuestro país por uno de los puertos secos del departamento de Canindeyú.
Si bien hasta ahora el procedimiento arrojó como resultado solo la incautación de los tres Scania y las dos mil bolsas de cemento ilegal más la imputación de dos conductores (uno se fugó), oficialmente nadie se ha comunicado con la Fiscalía ni la Aduana para revisar la situación tanto del cargamento ni mucho menos consultar sobre los procesados por contrabando quienes ya cuentan con prisión preventiva. Sin embargo, nuestra fuente confirmó que efectivamente existió el intento de recuperar los cementos bajo el ofrecimiento de unos 70 millones de guaraníes.
Una breve investigación de La Nación sobre el sonado tema pudo descifrar claves importantes, como la conexión que tiene el diputado Éver Noguera (ANR–Añetete) con los concejales salpicados con el contrabando. Nuestra fuente nos asegura que Alcides Gallardo, quien figura como propietario de la Industria San Ramón y uno de los dueños del camión, resulta ser el sobrino de Víctor Gallardo, actual director de la Penitenciaría de Villarrica como también sobrino del jefe regional de la Ande de nombre Emi Gallardo. Las personas nombradas inicialmente junto con el concejal municipal Óscar Rubén Martínez Melgarejo y el edil departamental Víctor Hugo Ortigoza, forman parte del equipo de Colorado Añetete, liderado por el senador Rodolfo Friedmann, cuyo brazo ejecutor para todas las artimañas figura el diputado Éver Noguera.
Durante una entrevista telefónica con el administrador de Aduana de Salto del Guairá, Basilio Bogado, el Grupo Nación pudo acceder a los pormenores del escenario donde se originó la incautación de los tres camiones cargados exactamente con 96 mil kilos de cemento. “Los camiones se hallan en resguardo permanente dentro del predio de la ANNP y ninguna persona se ha comunicado con la Aduana para reclamar dicho cargamento que de hecho ya lo catalogamos como contrabando. En lo que respecta a mi administración ya está en avance el sumario y solo esperamos el resultado para su posterior envío a la base central”, expresó Bogado.
El funcionario aduanero mencionó que su territorio es bastante extenso y que para los efectos de control solo existen dos puestos habilitados, principalmente el que está ubicado en 29 de Setiembre donde se mantiene a cuatro oficiales de resguardo y el otro ubicado a más de 100 kilómetros de la base cuyo nombre es Pindoty. Al ser consultado si existe la posibilidad de que el cargamento de cemento sea recuperado, Bogado dijo que eso solo podría darse si es que atropellan la base de Puertos porque documentos no existen para esa situación.
Concejal vendió vehículo involucrado
A raíz de la publicación que el diario La Nación realizó el pasado miércoles sobre la incautación de 3 camiones repletos de cemento de origen ilegal en la ciudad de Saltos del Guairá, el concejal municipal de Villarrica, Rubén Martínez, más conocido como “Pirulo”, aclaró sobre las documentaciones de uno de los camiones de la marca Scania modelo 124/1997 color rojo matrícula DAJ 513 que lo vinculan al contrabando. Según detalló en un documento de contrato privado, el edil asegura que el camión afectado que aún figura a su nombre, le ha vendido al concejal departamental Víctor Hugo Ortigoza. En otro punto hace mención de que la cédula verde sigue a su nombre porque no se pagó la totalidad del valor.