La incoherente postura asumida por la mayoría de la Cámara de Senadores, que resolvió “salvar” postergando en forma indefinida la pérdida de investidura del senador oficialista Rodolfo Friedmann, restableció el corporativismo para aplicar impunidad, según manifestó el senador Stephan Rasmussen. A su criterio, esta decisión lo único que deja es un claro mensaje político de que hasta el 2023 ya no habrá expulsiones en el Congreso Nacional.El senador de la bancada de Patria Querida señaló que este hecho deja un precedente negativo en el Congreso Nacional. Sostuvo que de ahora en más se puede decir que por más pruebas que existan para sacar la investidura a un legislador, ya no se podrá realizar el procedimiento.
“Mi lectura es que volvimos al corporativismo y al abroquelarse en una mayoría. Yo creo que no va a correr ninguna pérdida de investidura hasta el 2023, salvo que haya causales suficientes. Se frena de acá en adelante hasta el 2023 la pérdida de investidura con esto. Fue una decisión corporativa”, sostuvo Rasmussen en comunicación con radio 730 AM.
En tal sentido, el legislador sostuvo que las pruebas contra Friedmann son elocuentes, mencionando que las millonarias sumas transferidas al mismo por la empresa que accedió a las licitaciones están comprobadas. “En total son 9 adjudicaciones desde julio del 2018 hasta agosto del 2020 por más de G. 30 mil millones. El senador tiene una participación activa tanto en las decisiones de la empresa como en las transferencias. La relación con la empresa es clarísima”, puntualizó el legislador.
A raíz de todas estas constataciones, desde el Partido Patria Querida (PPQ) sostienen que hay suficientes motivos para que Friedmann pierda su investidura y lamentó que una mayoría coyuntural ni siquiera quiso analizar las evidencias. “Lo que se hizo el jueves hace que en los próximos dos años se frene toda pérdida de investidura. Con relación al decoro, hay causales que uno tiene que probar. O sino se volvería una carnicería política de cualquier cosa… Me preocupa que existe el mapa político, pero ese mapa político no puede estar por sobre el mapa constitucional y la norma constitucional”, comentó.