La ex diputada colorada Cynthia Elizabeth Tarragó Díaz, de 41 años, y su esposo Raimundo Va, de 45 años, se declararon culpables ante la jueza princi­pal Freda L. Wolfson, en una causa en la que se los investiga por conspiración para lavado de activos. El anuncio lo hizo el fiscal federal Craig Carpe­nito, según informa la Emba­jada de los Estados Unidos en Paraguay.

Los cargos en casos de cons­piración de lavado de dinero conllevan una pena potencial máxima legal de 20 años de prisión y una multa máxima de US$ 500.000 o el doble del valor del monto que figura en la conspiración. La sen­tencia para ambos acusados está programada para el 21 de enero del 2021. El caso sigue siendo investigado.

La ex diputada había sido arrestada el 21 de noviembre del 2019 por el FBI después de llegar a Newark, dentro del plan de lavado de dinero; ambos fueron acusados en una denuncia penal junto con un tercer individuo, Rodrigo Alvarenga Paredes, quien per­manece prófugo en Paraguay.

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La investigación permi­tió recabar datos sobre el rol que Alvarenga Paredes cumplía, que era operar con una empresa de cambio de moneda en Paraguay, quien coordinó el lavado de estos fondos que fueron propor­cionados a Tarragó y Va. Los cargos que pesan en su con­tra son meras acusaciones, se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Tarragó y su esposo, Va, acor­daron aceptar al menos US$ 2 millones de dos personas que se representaban como nar­cotraficantes, como creyeron que el dinero era producto del tráfico ilegal de narcóti­cos lavaron los fondos a tra­vés de una red internacional de cuentas para disfrazar la fuente ilícita de los ingresos.

En varias oportunidades los dos habían viajado a Nueva Jersey y Florida, donde acep­taron aproximadamente US$ 800.000 de estos supuestos narcotraficantes, los mismos fueron lavados por la red de cuentas de la conspiración, finalmente transferido a la cuenta mantenida con los presuntos narcotraficantes.

Los fondos que provenían de fuente ilícita fueron dis­frazados a través de facturas fraudulentas que tenían fines comerciales legítimos para que luego sean blanqueados y transferidos a las cuentas de estos presuntos narcotra­ficantes que en realidad eran agentes encubiertos del FBI de una investigación de la red de lavado de dinero.

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