El abogado Jacinto Santamaría, representante legal de la ex viceministra de Tributación Marta González, quien querelló por difamación a la directora del diario Abc Color, Natalia Zuccolillo, y al periodista Juan Carlos Lezcano se refirió a la publicación del citado medio que intenta desviar la atención del presente juicio oral.
Santamaría fue contundente al señalar que “Abc Color debería dejar de tratarnos como imbéciles al pretender hacernos creer que es sospechosa la celeridad con que se maneja un juicio cuyo inicio lleva ya casi un año de retraso; que fue postergado en tres oportunidades y cuya nueva fecha fue decidida por el juez de la causa veinticuatro días después de que el Tribunal de Apelación por unanimidad haya rechazado la última chicana promovida por los acusados”, expresó el referido profesional del derecho.
Asimismo, el citado abogado manifestó que “luego de haber sufrido cuatro derrotas judiciales consecutivas en su aventura chicanera; luego de haber movilizado y obtenido, aunque sin ningún resultado positivo, el apoyo de sus amigos propietarios de medios del exterior; luego de haber mentido descaradamente al invocar una inexistente postura institucional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que supuestamente había calificado nuestra querella como ataque contra la libertad de expresión y luego de haber agotado su frondoso repertorio de falsas acusaciones contra la ex viceministra de Tributación Marta González Ayala, ahora Abc, en su desesperado intento de impedir una vez más el inicio del juicio oral, ha emprendido una nueva campaña ruin, canallesca y cobarde, con la evidente intención de tratar de confundir y amedrentar, en lugar de someterse al juicio y ejercer allí su defensa, como corresponde”, indicó el abogado querellante.
Finalmente, consultado sobre la afirmación de Abc de que políticos estarían detrás de este caso, señaló: “Nosotros jugamos de frente, no tenemos nada por detrás. Por eso queremos un juicio transparente que sea transmitido en directo por todos los medios que quieran hacerlo, para lo cual ya hemos pedido formalmente la autorización correspondiente”.
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Filtraciones: desmontan mentiras de Abc que defienden a Marito y gavilla
Funcionarios de instituciones que colaboraron para destapar el operativo garrote montado en la Seprelad en la era Abdo son blanco de ataques por parte de la defensa mediática del exmandatario. Liliana Alcaraz, actual ministra de Seprelad, y Juan Patricio Vallejos, director de investigación de la institución, refutan las mentiras de Abc.
- Por Cinthia Mora
La estrategia mediática instalada desde el Grupo Zuccolillo para defender al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete consiste en sistemáticas campañas de desprestigio contra funcionarios que colaboraron para esclarecer el operativo de montaje y filtración de informes de la Seprelad con fines políticos.
En todas las publicaciones realizadas por el medio abdista, que amplifican la versión de los abogados defensores de los imputados sobre la causa penal abierta por las filtraciones, existen más cuestionamientos y ataques al trabajo de la Seprelad y la Fiscalía antes que hacer mención a los graves hechos mencionados en el acta de imputación.
Una de las afectadas por la campaña de ataques es Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad, quien al llegar al cargo en el mes de agosto de 2023 ordenó una investigación interna para poner en orden la casa y colaborar con la investigación de la Fiscalía.
La funcionaria fue acusada, sin fundamentos, por el diario Abc de ser “partícipe” de las filtraciones en el mes de enero de 2022, ya que la misma, supuestamente, ejercía el rol de “punto de contacto” del sistema que recibió el pedido de información de la Fiscalía de Panamá sobre Cartes.
Documentación mediante, se desmonta una de las tantas mentiras de Abc y se prueba la versión de Alcaraz, quien afirmó que recién tuvo acceso al sistema mencionado el 8 de marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la Fiscalía panameña.
La investigación interna de la Seprelad proveyó a la Fiscalía datos del registro informático de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, testimonios de funcionarios e información precisa sobre los partícipes del montaje de una oficina paralela dentro de la institución exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos del gobierno de turno.
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN TAMBIÉN REFUTA MENTIRA DE ABC
Juan Patricio Vallejos Riart, actual director de Investigación Jurídica de la Seprelad, desmintió las publicaciones del diario Abc donde se aseguraba que el mismo cobró doble remuneración.
La versión difundida por Abc es que, entre julio de 2022 y julio del año pasado, este funcionario cobraba simultáneamente en dos entes públicos. Uno de ellos era el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como director de Gestión Interna, mientras que el otro era el Ministerio Público, como asistente fiscal.
El funcionario acreditó, documento de por medio, que nunca se benefició cobrando doble salario. La resolución 2161 de fecha 15 de junio de 2022 de la Fiscalía General del Estado le otorgaba permiso sin goce de sueldo desde el 1 de julio de 2022 hasta julio de 2023.
Sobre el desempeño de sus funciones al frente de la Dirección de Investigación Jurídica de la Seprelad y los resultados de la investigación interna sobre las filtraciones señaló, en contacto con nuestro medio, que solo se limitó a realizar sus funciones en el marco de lo que la ley establece.
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Liliana Alcaraz, blanco de Abc por desenmascarar operativo “garrote”
La actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, soporta constantes ataques de sectores enfocados en la defensa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. Al asumir el cargo, Alcaraz ordenó sumarios que permitieron descubrir la trama del montaje y la filtración de informes.
- Por Cinthia Mora
- Periodista
La campaña de persecución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, con el objetivo de involucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se investiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.
En agosto de 2023, al asumir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los graves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la aplicación de protocolos para evitar tales situaciones y corregir los malos manejos.
Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funcionarios asignados a la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la aplicación de los protocolos recomendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministerio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.
Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministerio Público aportaron información relevante que permitieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.
EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS
Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos informes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La respuesta de la Seprelad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brújula” de la investigación fiscal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este documento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.
El documento secreto fue utilizado como base para la elaboración del informe de inteligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministerio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “información espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institución. En el borrador se introdujo información falsa y tergiversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.
Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución política ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.
El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electrónicos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.
En estos correos se detalla la manera en que fue incorporado el documento secreto, redactado por Farías y Fernández, al circuito institucional de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos también se ordenaba incorporar al documento oficial información tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.
DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC
Publicaciones de tinte malicioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sistema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.
La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencionado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.
Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extranjero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercambiar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de contacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el ministro de Seprelad Carlos Arregui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.
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Roa: fiscal acusa y pide juicio oral
En el transcurso de la mañana de ayer jueves, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó y pidió juicio oral y público para el exministro de la Secretaría Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.
Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exautoridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.
El requerimiento fue presentado ante el juzgado del magistrado Rodrigo Estigarribia, que fijará la audiencia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licitaciones e inflaban los precios para posteriormente repartirse el dinero entre ambos. A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concretar pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.
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Imedic: juicio oral sigue este viernes con declaración de testigos
Este viernes prosigue el juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enjuiciada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Para la tercera jornada de la audiencia oral, se tiene previsto que declaren cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. Hasta el momento ya declararon dos testigos en el juicio oral.
El Tribunal de Sentencia que juzga este caso está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
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Además de Ferreira, también están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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