Una denuncia de comerciantes que se oponían al traslado de la terminal de ómnibus de Villarrica contra Rodolfo Friedmann sobre un enorme negociado con combustibles en la Gobernación del Guairá fue la punta del iceberg que derivó a otros hechos para que posteriormente termine en una investigación fiscal, que hoy lo tiene en el ojo de la tormenta por los hechos de lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, apropiación, entre otros.
Las primeras investigaciones estuvieron a cargo de la fiscala Liliana Alcaraz, pero actualmente se encuentra en la unidad de Osmar Legal, fiscal contra Delitos Económicos y Anticorrupción, quien en dos años estuvo recolectando datos sobre los innumerables hechos de corrupción detectados cuando Rodolfo Friedmann fue gobernador del Guairá, entre los años 2013–2018.
Para hacer un repaso de sus antecedentes “patrimoniales”, nos lleva hasta el 2013 cuando ni bien asume como gobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann creó una empresa que primeramente se denominó Nápoles, posteriormente Estonia SA, con su madre Guadalupe Alfaro, con 5 mil millones de capital. Él puso 3 mil millones, mientras que su madre 2 mil millones de guaraníes, cuando su madre solo era una vendedora de minutas.
Pero el hecho que motivó una investigación penal fue un documento presentado por abogados de la zona a la Fiscalía General del Estado, que indicaba sobre una carga de 23.829 litros de combustible de una sola vez.
Este hecho derivó además a que la Contraloría General de la República haga una auditoría de gestión, encontrándose posteriormente otros hechos que el mencionado gobernador Friedmann no pudo justificar con documentaciones, como por ejemplo obras no ejecutadas, ayuda a comisiones vecinales que tuvieron un extraño manejo.
En este último tema, Friedmann entregó a su secretario fiel Ovidio Cuevas 300 millones de guaraníes, cuando este último era presidente de la comisión de la compañía Rincón, pero no se realizó ninguna obra.
Ovidio Cuevas posteriormente fue descubierto que era síndico de la empresa Estonia SA donde Friedmann era presidente.
Además, también se observaron millonarios pagos por almuerzo escolar.
El informe de la Contraloría General de la República realizada al ejercicio del 2016 indicó 39 observaciones del mal uso del patrimonio de la gobernación de aquel entonces, donde se descubrió un millonario perjuicio.
Meses atrás se descubrió que la propia empresa de Friedmann ESSA fue la proveedora de la merienda escolar, que se alzaba con todas las licitaciones a través de su prestanombre Hugo Alexander Torales, al punto de que ese dinero proveniente del Estado iba para gastos en lujos y viajes de placer.
En aquel noviembre del 2018, el abogado Jorge Portillo, en representación de los comerciantes de Villarrica, denunció a Friedmann por lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, apropiación, entre otros hechos, ya que habían detectado irregularidades tras una auditoría realizada en los años 2015/2016. La denuncia comenzó cuando se intentó trasladar la terminal de ómnibus de Villarrica a otro sitio, comprobándose que era un negociado con varios concejales de la municipalidad local.
Las históricas denuncias finalmente están en etapa decisiva. La Justicia podría dar señales contundentes contra la corrupción, hecho que también definirá la suerte del ministro Friedmann en el actual Gobierno, considerando las palabras del presidente de la República Mario Abdo Benítez, quien dijo que una imputación le costará el cargo al hasta hoy protegido político de Guairá.