El abogado Andrés Casati, representante legal de las firmas Imedic SA y Eurotec SA, haciendo uso de su derecho a réplica en torno a varias publicaciones realizadas por este medio, menciona lo siguiente con respecto a las notas periodísticas “Fiscal ignora informes donde confirman tentativa de estafa”, “El fiscal cuenta con sobrados elementos para imputar a Justo Ferreira” y otros.
Refiere el documento: “Hemos proveído en situación de urgencia, distorsión del mercado internacional en momentos en que países del mundo pugnaban por la compra de insumos, la mejor mercancía destinada a la lucha contra el covid-19, al precio más competitivo del momento”. Agrega: “desde el segundo curso de la Facultad de Derecho hasta los estudiante menos avezados saben que el Art. 187 del Código Penal (Estafa) se construye sobre el engaño. La ‘tentativa’ de estafa implica palabras más simples, la intención de engañar y no puede haber intención de engañar por parte de una contratista, cuando las mercaderías que provee deben pasar necesariamente por el filtro de control de la contratante que tiene potestad de rechazar o aceptar los bienes previa inspección técnica”.
Igualmente señalan que “tampoco puede haber intención de engañar ni daño patrimonial cuando Imedic SA y Eurotec SA presentaron pólizas que cubrían íntegramente el valor del anticipo otorgado y además garantizaban una multimillonaria compensación al Estado paraguayo en caso de rescisión contractual”. Asimismo “los bienes en cuestión no fueron rechazados por cuestiones de calidad sino por razones formales que nada tiene que ver con la utilidad de los insumos para la lucha contra el covid-19”.
Del mismo modo mencionan “precisamente atendiendo a la imposibilidad real de cumplir con cierta burocracia documental en tiempos donde existe sobresaturación global en la demanda de los mismos productos. Los insumos proveídos son de buena calidad y vendría muy bien tenerlos a mano en hospitales del país”. Igualmente señalan que “los protectores faciales son los mismos que el Ministerio de Salud recibiera como donación de la Itaipú Binacional, mascarillas de protección a las rechazadas fueron recibidas y todos los productos son chinos”.
Por último el documento dice “por otra parte bajo el parco razonamiento de la nota deberían criminalizarse las incontables actas de rechazo que emiten regularmente las licitantes en los procesos de contratación pública. El rechazo de bienes o servicios en los concursos públicos tiene prevista su solución en la ley de ejecución de las pólizas requeridas en los pliegos de bases y condiciones. No todo es materia de derecho penal. Si cada acta de rechazó emitida por una contraseña equivaliera a una imputación por estafa, muy pocos oferentes correrían el riesgo de competir privando al Estado su derecho a elegir la mejor oferta posible”, refiere el documento firmado por el abogado Andrés Casati, representante de Imedic SA y Eurotec SA.