El juez Julián López admitió ayer la ampliación de imputación contra Patricia Samudio, ex presidenta de Petropar, y su esposo, José Costa Perdomo, por el presunto esquema montado para desviar fondos de la institución estatal en la compra de agua tónica e insumos médicos mediante “licitaciones”. Igualmente fijó audiencia esta mañana a las 8:30, respecto a la primera imputación en contra Samudio, donde no se incluye la ampliación presentada por el Ministerio Público este miércoles.
Se estima que el daño patrimonial ocasionado a Petropar durante la administración de Samudio supera los G. 300 millones por las sobrefacturaciones en la compra de agua tónica y que implica hasta a su marido, Costa Perdomo. De acuerdo a los datos de la Fiscalía, el esposo habría contactado con la empresa Solumedic para montar el esquema y “simular” contratos, a fin de desviar los fondos de la institución estatal con las transferencias bancarias tras la “licitación”, que en realidad fue una contratación directa vía excepción y ya había un “acuerdo” antes del llamado.
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No habrá suba de precios de combustibles hasta junio
El compromiso del presidente de la República, Santiago Peña, de salvaguardar el bienestar económico de los ciudadanos se ha visto respaldado con una nueva garantía: el precio de los combustibles comercializados por Petropar permanecerá inalterado hasta el mes de junio. En un anuncio oficial, Peña reafirmó su compromiso de cuidar el bolsillo de la gente, asegurando que cualquier ajuste en los precios estará condicionado únicamente por factores internacionales.
“El bolsillo va a mejorar, cuánto va a mejorar, hemos resuelto el problema, creo que eso llevará más tiempo, no hay que mentirle a la gente, pero vamos a cuidar el bolsillo de la gente, no aumentando el precio de los combustibles, a no ser que haya una escalada internacional”, expresó el mandatario.
Este pronunciamiento surge luego de una reunión estratégica con sus principales colaboradores, en la que se estableció la seguridad en el precio del combustible hasta el próximo mes de junio. Desde el 15 de agosto, el gobierno ha implementado cuatro reducciones en el precio del combustible, medida que ha generado descontento entre los emblemas privados pero que ha beneficiado directamente a los usuarios..
Además de la estabilidad en los precios de los combustibles, el presidente Peña abordó otro pilar fundamental de su gestión: la generación de empleo. Con la meta ambiciosa de crear 500.000 puestos de trabajo en los próximos años, Peña destacó la importancia de atraer más inversiones extranjeras y fortalecer la confianza de las empresas nacionales para impulsar el crecimiento económico del Paraguay.
“Tenemos que traer más empresas, debe haber más inversión para que podamos cumplir mi anhelo que es generar 500.000 empleos, si generamos esa cantidad de empleo eso va a cambiar la situación de muchísimas familias en el Paraguay”, concluyó el presidente Peña, enfatizando la trascendencia de esta meta para el bienestar social y económico del país.
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Juerza Patricia
- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político.
La semana pasada se dio la condena en primera instancia a Patricia Samudio, expresidenta de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez. En igual sentido fue condenado su esposo José Costa Perdomo con una pena menor. Ambos por el hecho de lesión de confianza. Es en torno al caso de sobrefacturación por la compra de agua tónica y otros insumos, ocurrido en el peor momento de la pandemia del covid-19 en mayo de 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000. El Ministerio Público estuvo representado por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Luz Guerrero y Francisco Cabrera.
Son los primeros condenados de lo que fue el desgobierno de Abdo Benítez durante la pandemia. De hecho, la condena viene con un mensaje contundente de la Justicia más allá del monto del perjuicio o incluso de la cantidad de años de la condena, en el fondo en alguna medida viene a constituir un bálsamo para las decenas de miles de fallecidos y para los cientos de miles que alguna vez padecimos la enfermedad.
Hay que recordar que Samudio formaba parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas. Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo de 2020.
El Ministerio Público pudo probar que el dinero fue a parar a la cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. La gente se estaba muriendo por la desastrosa gestión en la compra de vacunas (hay una denuncia por esto que sigue durmiendo en el Ministerio Público), y mientras tanto unos pocos solo pensaban en un único fin: llenarse los bolsillos. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de Petropar para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré.
¿El argumento esgrimido por el gobierno de Mario Abdo para realizar y justificar la operación? “El agua tónica cura el covid-19″. La base fue un dictamen médico que el profesional de blanco admitió en el juicio fue hecho incluso posterior a la compra. Una burla absoluta. En momentos en que Nación Media prácticamente era el único grupo de medios que cuestionaba los atropellos y barrabasadas que se estaban cometiendo de manera impúdica y descarada, mientras nos obligaban a todos los paraguayos a vivir encerrados y pasábamos más tiempo en entierros cuasiclandestinos de nuestros seres queridos, los personeros del anterior gobierno juntaban la plata en pala.
Como la filosa daga de la traición con el pueblo que le dio la confianza, el expresidente de la República Abdo Benítez le daba su respaldo a la que entonces dirigía la petrolera estatal con una frase que retumba hasta ahora: “Juerza Patricia”.
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Abogados de Abdo y gavilla no refutan imputación y buscan sabotear causa
- Por Cinthia Mora
- Periodista
Los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, ante la imposibilidad de negar los hechos que se describen en el acta de imputación y refutar con argumentos, se dedican a paralizar el proceso penal y sabotear el trabajo de la Fiscalía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos destrabar la causa y permitir que la investigación
La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.
La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.
Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.
Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.
Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.
En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.
Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.
DILACIÓN EN LA CORTE
Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.
Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.
NUEVO EQUIPO DE FISCALES
Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.
La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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Petropar ratifica que precios seguirán intactos
El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, informó acerca de la continuidad de los precios actuales de los combustibles comercializados por la estatal, ratificando que no se darán aumentos hasta finales del próximo mes de mayo. “Confirmamos que, por lo menos desde Petropar, no se darán aumentos de precios de los combustibles que vendemos, hasta finales de mayo. No va haber aumentos, creemos que es una buena noticia y es algo que ya habíamos anunciado, así que ratificamos eso”, expresó Jara.
Explicó que esto será posible mediante las transacciones ya concretadas con los proveedores nuevos, a través de compras spot o inmediatas, con las que se logró precios especiales a través de licitaciones. Con lo que aseguró a la ciudadanía que puede estar tranquila hasta el próximo mes, que de momento es lo que pueden garantizar.
Aseveró que seguirán viendo alternativas para mantener los precios, como lo tienen indicado desde la presidencia del país, de buscar siempre opciones que puedan beneficiar a la ciudadanía. Incluso, en caso de darse posibilidades de baja en el precio, lo cual será informado oficialmente por los canales correspondientes. Asimismo, informó al jefe de Estado acerca de otros temas como el comportamiento del precio del petróleo a nivel internacional, a lo que Paraguay está sujeto por tener que importar combustibles en un ciento por ciento.